La estrategia de modernización del país y la reforma del Estado requieren que se aceleren los cambios en el orden educativo. Al igual que en las otras esferas de la vida nacional, este trabajo implica una nueva relación entre el Estado y la sociedad y de los niveles de gobierno entre sí y supone, en general, una participación más intensa de la sociedad en el campo de la educación. En esta articulación moderna del Estado y la sociedad, los vínculos entre escuela y comunidad adquieren una importancia especial. De acuerdo con el legado de nuestro liberalismo social, la educación debe concebirse como pilar del desarrollo integral del país. El liberalismo social ofrece las pautas de una educación pública de calidad, que prepare a los mexicanos para el desarrollo, la libertad y la justicia. Es indispensable, entonces, consolidar un sistema educativo nacional con responsabilidades afines a nuestro federalismo, con contenidos educativos pertinentes a la formación de mejores ciudadanos. La modernización hace necesario transformar la estructura, consolidar la planta física y fortalecer las fuentes de financiamiento de la acción educativa. Es indispensable propiciar las condiciones para un acercamiento provechoso entre los gobiernos locales, la escuela y la vida comunitaria que la rodea. En esta tarea, habrán de desempeñar un papel esencial tanto los maestros y su organización gremial, como los padres de familia.
Y argumentaba que la centralización era un esquema caduco:
Muchas de las grandes tareas educativas de las generaciones de este siglo implicaron una concentración -y hasta una centralización- de esfuerzos. Hoy, el esquema fuertemente concentrado no corresponde con los imperativos de modernización. Debe cambiar, por lo tanto, para atender con eficacia las nuevas exigencias del desarrollo nacional. El sistema educativo en su conjunto muestra signos inequívocos de centralización y cargas burocráticas excesivas. Se ha distanciado crecientemente la autoridad de la escuela con el consiguiente deterioro de la gestión escolar, y se ha hecho más densa la red de procedimientos y trámites. La responsabilidad de la educación de niños y jóvenes no está siendo cabalmente compartida por la escuela, los padres de familia y la comunidad. En la práctica, prevalece una cierta ambigüedad en las atribuciones educativas que conciernen a los niveles de Gobierno Federal, estatal y municipal. En muchos sentidos, hemos llegado al agotamiento le un esquema de organización del sistema educativo trazado hace ya 70 años.
Desde el Constituyente de 1824, y en afinidad con los postulados del liberalismo, el régimen federal ha sido la organización política natural de nuestro país para lograr, en la rica diversidad de sus regiones, la unidad nacional. Esta organización fue ratificada y enriquecida por la Constitución Política de 1917. En el siglo veinte el sistema federalista ha sido el medio para conjuntar objetivos, aglutinar fuerzas y cohesionar labores. En razón de estas virtudes políticas, recurrimos al federalismo para articular el esfuerzo y la responsabilidad de cada entidad federativa, de cada municipio y del Gobierno Federal, en nuestro propósito de alcanzar una educación básica de calidad.... a fin de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución General de la República y por la Ley Federal de Educación, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas de la República celebran en esta misma fecha convenios para concretar responsabilidades en la conducción y operación del sistema de educación básica y de educación normal. De conformidad con dichos convenios y a partir de ahora, corresponderá a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos con los que la Secretaría de Educación Pública ha venido prestando, en cada estado y bajo todas sus modalidades y tipos, los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de educación especial.Todo este rollo planteado en 1994 queda nuevamente como un bonito discurso, ahora, vamos "de reversa mami, de reversa mami":
La iniciativa de reforma hacendaria propone eliminar el fondo del Ramo 33, que actualmente transfiere la Federación a las 32 entidades para pagar la nómina del magisterio y los servicios de salud, anunció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. De ser aprobada la propuesta, el Ejecutivo federal retomará la responsabilidad de pagar la nómina de los maestros en todo el país y de suministrar medicinas a los servicios de salud estatales. “En materia educativa, la reforma propone que el Ejecutivo retome el pago de la nómina magisterial; es decir, desaparezca el rubro de aportaciones básicas del Ramo 33 que se transfiere a los estados para que cubran sus obligaciones y que sea el gobierno federal, a través de la SEP, el que cubra el pago a los maestros.” La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, planteada en la reforma fiscal, fue presentada en la Cámara de Dipu tados, con el fin de terminar con los cacicazgos del magisterio que han imperado con las negociaciones salariales en los estados. Pretende terminar con la “doble ventanilla en la negociación” salarial del magisterio, a partir de una negociación única en la que participarán las autoridades estatales, la SEP y el SNTE.
El SNTE que siempre se opuso a la famosa "descentralización" se muestra conforme:
Ante la propuesta presentada en la reforma hacendaria para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) retome el control en el pago de los salarios a los maestros en todo el país, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, dijo que los procesos administrativos de la educación corresponden solamente al gobierno federal. Tras 20 años varias entidades enfrentan graves problemas financieros por esta situación. Ahora, el gobierno federal pretende tener mayor control de las plazas, sobresueldos y movimientos de los maestros, además de una mayor transparencia en el ejercicio del gasto.
El congreso mexicano no tiene la fuerza de los congresos emanados del siglo XIX, miran solamente el regreso del viejo régimen:
El pleno del Senado de la República regresó a la Cámara de Diputados la Ley de Coordinación Fiscal, con cambios en materia de transparencia, que obligan a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a revelar la nómina de los maestros del país, y a que los estados y municipios hagan público el monto de sus deudas. Esa iniciativa de ley regresaría a la SEP el control de la nómina de más de un millón de maestros de todo el país, además de que faculta a la dependencia a condicionar el pago de los salarios a los educadores, y obliga a los estados y municipios a realizar el censo de todos los integrantes del magisterio. Este punto provocó un fuerte debate de casi seis horas, ya que senadores de PAN, PRD y PT trataron de modificarlo, ya que advirtieron que acaba con la descentralización educativa e impone un modelo autoritario. Al final se impusieron el PRI y sus aliados, por lo que las reservas en la materia no pasaron. La minuta fue aprobada en lo general por 74 votos en favor y 50 en contra.
Hace 20 años, el viejo régimen diagnosticaba la caducidad del centralismo y presidencialismo... 20 años después y con dos sexenios sin el control federal mueve sus palancas para regresar a 1950. Ya en 1970 el sistema escolar mexicano era descrito como un sistema de baja calidad, para 1980 se agotó el modelo del viejo régimen, hasta 1994 se propuso una nueva federalización que había sido erradicada con los gobiernos revolucionarios. Hoy se plantea la desmodernización del sistema escolar... ¿Y la calidad educativa, apá?
