viernes, mayo 30, 2008

Se impulsa la lectura en escuelas primarias

Se impulsa el gusto por la lectura en niños y niñas de escuelas primarias:

Alumnos de educación primaria que participan en un programa de fomento a la lectura, promovido por instituciones públicas y privadas desarrollaron hábitos de lectura. El programa, que este año será ampliado a 15 mil estudiantes de primarias públicas, capacitó a profesores, jubilados, ancianos y padres de familia para ser “lectores en voz alta” de libros seleccionados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que conforman las bibliotecas de aula y escolares que existen en los planteles del país. “Los niños que participan en nuestro programa leyeron el año pasado 30 libros, cuando la media nacional de lectura es de 2.9 libros por año”, dijo el director de A Leer-Ibby México, institución que este jueves recibió fondos del banco HSBC para ampliar la cobertura del proyecto.

Sin embargo, el Congreso de la Unión no gusta de la lectura y manda imprimir libros para embodegarlos:

La CENCA pagó el año pasado 6 millones 781 mil 262 pesos a la editorial Procosa por la impresión de los 70 mil tomos. La empresa imprimió entre 15 mil y 20 mil tomos por cada foro que organizó esta instancia de la Cámara de Diputados. El costo de cada volumen fue de 96.8 pesos. Sin embargo, sólo se utilizaron menos de mil libros de cada foro; el resto está embodegado.

Y el gobierno federal pasado, deja como herencia la manera más inútil de derrochar los recursos públicos en pos de "fomentar el gusto a la lectura". Lástima que no exista memoria institucional y que en realidad a nadie importen estas ocurrencias que suceden como uso y costumbre de los gobernantes en turno:

El PRD en la Cámara de Diputados solicitó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciar una auditoría especial que permita conocer los problemas estructurales y de funcionamiento de la biblioteca Vasconcelos, a la que se han destinado más de 2 mil millones de pesos y pese a ello sigue fuera de servicio. El legislador José Alfonso Suárez del Real también exigió que la PGR investigue un contrato de asignación directa a la empresa Inmuebles y Construcciones Goval, por 111 millones de pesos, para la entrega de libreros; la compañía desapareció de su domicilio días antes de que la Secretaría de la Función Pública le aplicara una sanción económica por incumplimiento.