Desde varios cientos de años la corrupción sigue siendo un problema cotidiano en la sociedad mexicana, invade todas las áreas de la vida pública:
La Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó a 10 dependencias de gobierno en las que admite la existencia de riesgos de corrupción. Las 10 instituciones con procesos, trámites y servicios críticos de la administración pública federal, revela que millones de mexicanos están en peligro de ser víctimas de sobornos cuando acuden a las oficinas públicas en busca de ayuda o servicios.
El ámbito educativo no escapa de ella:
Padres de familia de la secundaria diurna número 24 Leona Vicario denunciaron que continúa el acoso laboral y sicológico contra la subdirectora del plantel por denunciar “atropellos y prácticas irregulares en la escuela, como venta de papelería, discos compactos y servicio de escaneo, así como el cobro de cuotas por la credencial de estudiante o el acceso al taller de computación”. En entrevista aseguraron que ante la negativa de “alinearse a las prácticas de corrupción que prevalecen en los planteles educativos, empezó una campaña de acoso en su contra, a pesar de que la subdirectora cuenta con el apoyo de la mayoría de los padres de familia, y particularmente de los alumnos”.
El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (SPAUABCS) acusó a los ex rectores Jorge Alberto Vale Sánchez y Jorge García Pámanes de falsificar documentación fiscal para no enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los descuentos aplicados a los catedráticos por concepto del impuesto sobre la renta (ISR).
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