Los tres años de conflicto y violencia en Oaxaca sigue su curso:
Un muerto y al menos 13 heridos, daños a comercios y bancos, suspensión del transporte urbano, una balacera, una marcha masiva y la colocación de 15 barricadas en diferentes puntos de esta ciudad, dejó la celebración del tercer aniversario de la victoria de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El aniversario recordó también la victoria de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sobre la policía estatal, tras un violento desalojo del centro de la ciudad por la fuerza pública. El dirigente magisterial Azael Santiago Chepi denunció que se registraron algunos incidentes durante las dos horas de bloqueos en calles y cruceros, entre las cinco y siete de la mañana. También denunció una serie de disparos originados por sujetos desconocidos contra manifestantes que protestaban en la calle Nezahualcóyotl de la colonia Reforma, cerca de la estación de radio La Ley 710. Santiago Chepi se deslindó de un grupo de encapuchados que apoyaron al magisterio en las barricadas y que retuvieron vehículos y saquearon mercancía de diferentes distribuidoras de productos y comercios.
De la violencia y los muertos se recriminan varias partes:
La dirigencia de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación responsabilizó de la explosión del vehículo cargado de fuegos pirotécnicos, que causó la muerte de Alberto Gazca y 20 heridos, entre ellos dos de gravedad —Said Rodríguez y Osvaldo López—, al gobernador Ulises Ruiz y a la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo. Fernando Mendoza, integrante de la organización magisterial oaxaqueña, y también de la dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), deslindó al movimiento de grupos de encapuchados que, dijo, se dedicaron a romper vidrios, y a realizar actos vandálicos, lo que pone en evidencia que se trató de “acciones provocadas deliberadamente”. “Durante el recorrido del contingente, grupos ajenos al movimiento magisterial, incurrieron en actos de los cuales también nos deslindamos (…) Ante estos hechos responsabilizamos a las autoridades federales y del estado de Oaxaca, a esclarecer de manera inmediata estos hechos que cubrieron de sangre esta megamarcha y por ende el movimiento magisterial y popular de Oaxaca y del país (...) Nuestro plan de acción continúa”.
La Procuraduría de Justicia de Oaxaca integró al menos 15 denuncias contra presuntos integrantes de la APPO, por actos vandálicos registrados durante la marcha del pasado domingo.
Las denuncias exponen daños en ventanales de una tienda departamental, así como en una agencia de vehículos, además del secuestro de camiones, asaltos de vinaterías y hasta la destrucción de un restaurante y un cajero automático. El subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, Netolín Chávez, dijo que las denuncias fueron integradas por los delitos de asociación delictuosa, ataques a particulares, robo y saqueo. Sin embargo, admitió que “no hay señalamientos contra alguien en particular, sólo contra grupos de encapuchados y pandilleros que aprovecharon la protestas magisteriales para cometer delitos”. El dirigente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mario Cruz Escamiroza, urgió a los afectados a presentar las denuncias para castigar a los responsables. El dirigente empresarial llamó a desterrar el miedo que generan este tipo de grupos radicales. “Es urgente que se aplique un orden y se acabe con la impunidad , por ello, hay que cumplir con la obligación ciudadana de denunciarlos penalmente para que el estado haga lo que le corresponde”.
Por cierto, aparecen más encapuchados armados en los medios:
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició la averiguación previa 835/09 por la aparición del grupo armado La Fraternidad, encabezado por uno de los fundadores de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Humberto Alcalá Betanzos, para “resguardar” las escuelas que administra ante un eventual enfrentamiento con su contraparte, la sección 22. La Agencia Estatal de Investigaciones realiza las diligencias correspondientes después de que la prensa local dio cuenta de cómo el viernes 5 de junio, este grupo acopió armas y bombas molotov durante la jornada de marchas regionales, según informó el procurador Evencio Martínez Ramírez. Anunció que paralelamente “se pedirá la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para que inicie una investigación relacionada con delincuencia organizada, grupos armados y posesión de armas largas. “Hay una conducta que debe ser investigada y, de su resultado, las autoridades judiciales determinarán lo que procede.” Los sujetos encapuchados y provistos de armas largas acompañaron a Alcalá Betanzos a resguardar la secundaria técnica Siglo 21, el jardín de niños Rosario Castellanos y la primaria Aquiles Serdán, ante la advertencia de su “recuperación” por parte de la sección 22, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunciada en la pasada jornada de marchas regionales.
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