sábado, marzo 24, 2012

al final del día se determina que fueron policías estatales los que dispararon contra los estudiantes normalistas de Guerrero

Uno de los grandes problemas de los Estados Unidos Mexicanos es que no ha podido construir Estados plenamente democráticos y respetuosos de los derechos humanos. Seguimos arrastrando las dos herencias políticas que no son democráticas. Por una parte, el caciquismo persistente en varias regiones del país (creada desde hace más de 1000 años) y la aristocracia virreynal (implantada hace 500 años). Los 200 años de vida como país independiente no ha creado las condiciones ni educativas ni políticas para el cambio. Por ello, la principal fuente de violencia en contra de los ciudadanos mexicanos sigue siendo los propios gobiernos o federales o estatales. El caso más reciente de asesinatos en contra de estudiantes (recuérdese 1968) lo realizó el gobierno estatal de Guerrero.

Los estudiantes solicitan a la CNDH indagar sobre el caso:  

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa enviaron un documento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde reiteran su exigencia de que las investigaciones de este organismo sobre el asesinato de dos de sus compañeros, ocurrido el pasado 12 de diciembre a manos de la policía, tengan un carácter especial, y no concluyan con una recomendación más. Con el apoyo de diversos especialistas, académicos y organizaciones de defensa de las garantías individuales, los normalistas enviaron una carta a la entidad dirigida por Raúl Plascencia Villanueva, donde plantean una serie de exigencias para que las indagatorias tengan efectividad real. Esta es la primera vez que la CNDH ejerce la facultad de investigar abusos graves de derechos humanos –tarea que antes era responsabilidad exclusiva de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación–, por lo cual es de vital importancia que el ombudsman garantice la profundidad de las pesquisas. Exigieron que la comisión publique de inmediato en su sitio de Internet el acuerdo mediante el cual se ordena el inicio de una investigación especial, reserve un espacio para que una comisión de estudiantes de Ayotzinapa se reúna con los miembros de su consejo consultivo, evite la estigmatización de las víctimas y deslinde responsabilidades por las violaciones de derechos humanos cometidas por los diferentes cuerpos policiacos.

Dictan más órdenes de aprehensión:

El juez Primero de Distrito en Guerrero concedió una orden de aprehensión en contra de un civil y nueve servidores y ex servidores públicos de la Procuraduría General de Guerrero (PGJEG), entre los que se encuentra el ex procurador Alberto López Rosas. Las órdenes de aprehensión fueron otorgadas en relación a la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El juez determinó que los nueve servidores y ex servidores son presuntos responsables de delitos contra la administración de justicia, por favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de la justicia. El ex procurador es investigado por encubrimiento, “en la hipótesis de desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo, prevista en el artículo 400 del Código Penal Federal”. Los nueve servidores públicos que son buscados por las autoridades son: el ex fiscal, un subprocurador, un director general, un fiscal, tres ministerios públicos, un auxiliar de Ministerio público y otro servidor público. El civil, de quien se omitió su nombre, se encuentra relacionado con los delitos de falsedad en informes dados a una autoridad y por simulación de pruebas en las investigaciones. Las investigaciones realizadas por la PGR incluyen actuaciones ministeriales y peritajes en áreas de medicina forense, criminalística de campo, retrato hablado, balística, video, fotografía, química, incendios y explosiones, valuación, tránsito terrestre y dactiloscopia, entre otros.

La PGR determina que los asesinos fueron policías estatales de Guerrero y que se utilizaron triquiñuelas para tratar de encubrir el hecho:

La Procuraduría General de la República (PGR) determinó que policías ministeriales de Guerrero fueron los que asesinaron a los dos estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, además, la institución acusó a la Procuraduría de ese estado de haber obstaculizado y manipulado las investigaciones del caso. La dependencia federal precisó en voz del subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Cuitláhuac Salinas, que la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero no sólo mintió y ocultó pruebas del delito, sino que falseó declaraciones. “Hasta el momento, de manera objetiva y además científica, está demostrado que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero incurrió primero en una manipulación y falta de preservación de las evidencias y, segundo, una manipulación de las actuaciones”, precisó Cuitláhuac Salinas. La coordinadora de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, dijo que existe evidencia pericial de que los estudiantes fueron asesinados por los policías ministeriales al precisar que “ la conclusión desde el punto de vista pericial es que la corporación que estaba en la zona de galerías fue quien realizó los disparos y, en consecuencia, quienes produjeron las lesiones a los dos estudiantes muertos, así como al lesionado que posteriormente fue trasladado al hospital.

Ya veremos si se profundiza para deslindar más responsabilidades. Todavía no se llega a las esferas de toma de decisiones más altas. Si se desea tener un país con un mayor desarrollo económico y social no se puede seguir sosteniendo un sistema político que mantiene privilegios virreynales o caciquiles obtenidos por el voto democrático.