lunes, junio 23, 2008

Cambios estructurales en las universidades: cambio en el régimen de pensiones

Parece que es más sencillo cambiar el sistema de seguridad social que mejorar la calidad educativa de las universidades en México:

Durante los últimos cinco años 32 universidades públicas del país han realizado reformas estructurales a sus sistemas de pensiones y jubilaciones, señaló Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien sostuvo que estos cambios han generado “ahorros por 287 mil millones de pesos”. Reconoció que muchas de estas instituciones experimentan problemas económicos generados por los “anteriores regímenes”. Tuirán destacó que realizar las reformas en este rubro era esencial, pues “los anteriores regímenes de pensiones en las universidades significaban un costo insostenible, una pérdida temprana de capital humano y quebrantos a la salud financiera, fue por ello que la reforma al sistema de pensiones se hizo impostergable, pero esto ha implicado enormes esfuerzos de los trabajadores universitarios”.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que existe un decreto de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recortar a todas las entidades de la administración pública federal uno por ciento de los recursos destinados a gastos de operación y contratación de personal, aunque dijo que se analiza la posibilidad de no incluir en esta medida a las universidades públicas del país. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior de la SEP: “el recorte se deriva de un decreto en todas las entidades de la administración pública federal, a las que se afecta con uno por ciento menos en gastos de operación y congelamiento de plazas, pero no está dirigido exclusivamente a las universidades públicas federales; además, Hacienda evalúala posibilidad de hacer una excepción con estas últimas”.

Los rectores de las universidades públicas del país y los respectivos sindicatos de académicos y administrativos acordaron enviar la próxima semana una carta al poder ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens, con las principales demandas de estas instituciones de educación superior. Reunidos en el Tercer Congreso Nacional de Sindicatos Universitarios, organizado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), representantes de 60 gremios de docentes y administrativos y 17 rectores de las principales universidades del país firmaron ayer el Pacto de Veracruz, en el cual, además de sus principales requerimientos, también exponen la necesidad de que se les refuercen los montos presupuestales.

Durante los casi siete años en los que se han llevado a cabo reformas en los sistemas pensionarios de los trabajadores de las universidades públicas estatales del país, se ha logrado abatir cerca de “50 por ciento el pasivo contingente” de ese ramo, señalaron Francisco Miguel Aguirre, experto en el tema, y José Enrique Levet, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), los cuales precisaron que a comienzos de este milenio dicha cantidad superaba “200 mil millones de pesos”. Señalaron que aunque estas reformas han significado un avance que le da un respiro a la dotación de pensiones, tanto de los trabajadores actuales como de las generaciones futuras, aún resta mucho por hacer a fin de evitar colapsos en algunos de los sistemas, sobre todo en aquellas universidades que no han hecho reformas.

Las universidades públicas del país requieren que el próximo año les sean asignados por lo menos “100 mil millones de pesos”, a fin de que sean capaces de atender sus necesidades en cuanto a infraestructura, investigación y pago de pensiones, entre otros rubros, se estableció en el Tercer Congreso Nacional de Sindicatos Universitarios, organizado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), que agrupa a 52 gremios de académicos y personal administrativo. Para este año dichas instituciones recibieron “58 mil millones de pesos”, por parte del gobierno federal, más las aportaciones de los estados, con lo cual se llegó a un monto cercano a los “70 mil millones de pesos”, indicó José Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la Contu, quien remarcó también que es necesario abatir las “asimetrías” tanto en la asignación de presupuestos a las universidades, como los montos de las aportaciones de las entidades federativas, pues algunas llegan a financiar 50 por ciento de las necesidades de sus universidades estatales, otras sólo lo hacen con 10 por ciento.

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