Al terminar el mitin de protesta el 20 de noviembre:
Una concentración de manifestantes se encuentra frente a la Puerta de Palacio Nacional. Manifestantes gritan provocaciones a los soldados resguardando la puerta. Desde el templete se pide la no violencia. Mientras, varios manifestantes queman cartulinas. También arrojan objetos al personal de seguridad, algunas botellas y entre los manifestantes hay algunos con el rostro cubierto. Algunos cohetones fueron disparados hacia el Palacio, aunque la situación no pasó a mayores. Los encapuchados que lanzaron objetos contra el Palacio Nacional se mantienen en el lugar. Además pidieron a la prensa retirarse después de ver cámaras que documentaban los hechos. Con la petición de "No Prensa", los encapuchados decidieron lanzaron objetos como lápices en contra de los medios de comunicación. Los padres de los normalistas llamaron a la no violencia. "Cuidado con los infiltrados, que nadie esté encapuchado, con la cara al frente", decían por el sonido. El mitin fue suspendido cuando los encapuchados dispararon cohetones contra Palacio Nacional.
Estas escenas ocuparon el tiempo de los noticieros de televisión que repetían y repetían una y otra vez la misma escena. Mostrando que la mayoría de los que lanzaban objetos a los soldados no estaban encapuchados y que se registraba todas las acciones con video y fotografías. Todos estos documentos parecen no existir ya que al final, los policías salieron a repartir golpes. Como resultado de la golpiza detuvieron a 11 personas:
Se detiene a un estudiante de posgrado que es ciudadano chileno. Esto provoca un conflicto internacional:
Dos nuevos abogados tomarán la defensa del estudiante chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, detenido el jueves en Ciudad de México tras la manifestación multitudinaria por la desaparición de 43 estudiantes en septiembre pasado. Dennis Maxwell, hermano de Lawrence, dijo que deberían quedar acreditados ante el juzgado que lleva el caso Karla Michel Salas y Miguel Peña, miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quienes fueron designados por la familia. Lawrence Maxwell, de 47 años, es uno de los detenidos por la Policía mexicana que están acusados de agredir a agentes al término de la protesta del jueves en la plaza central de la capital, conocida como Zócalo, por lo que fueron enviados a cárceles de máxima seguridad en Nayarit y Veracruz. Según familiares y amigos, la detención de Lawrence fue arbitraria, pues afirman que él no participó en la protesta y fue arrestado cuando recién llegaba a la periferia del Zócalo en su bicicleta. El estudiante de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue trasladado el sábado a un centro penitenciario de máxima seguridad en Xalapa, Veracruz, acusado de tentativa de homicidio, asociación delictiva y motín, y se le asignó un abogado de oficio que llevaba el caso. La detención del chileno ha generado movilizaciones de la familia y sus amigos tanto en México como en Chile, así como la intervención de las cancillerías de ambos países.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chile acordó enviar una delegación a México en apoyo al escritor y académico Laurence Maxwell, detenido en ese país por supuestamente participar en una protesta por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Se solicitará a la cancillería realizar todas las gestiones posibles en el sistema internacional para reclamar la libertad y el debido proceso, manifestó el presidente de esa comisión, Hugo Gutiérrez. El parlamentario adelantó asimismo que la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja solicitará una reunión con el embajador mexicano en Chile, Otto Granados. Existen muchas dudas en torno a esa detención, subrayó Gutiérrez. En México, en tanto, la familia de Maxwell calificó la situación de pesadilla y atropello a los derechos humanos, como manifestó Dennis, hermano del detenido. Una persona que va a una manifestación pacífica de pronto se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en otro estado, criticó Dennis Maxwell, radicado en Estados Unidos, quien viajó a México para dar seguimiento al caso.
Organizaciones de universitarios de Chile dieron ayer su apoyo al músico y estudiante chileno en México Laurence Maxwell, recluido en un penal de máxima seguridad en Veracruz. Los presidentes de tres federaciones de alumnos de la Universidad de Chile recibieron a María Eugenia Ilabaca, madre de Maxwell, para brindarle su respaldo, exigir la libertad de su hijo y el cese de la represión en contra de la protesta social en México. Valentina Saavedra, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FEch), exigió una mayor acción del gobierno chileno en defensa de sus ciudadanos. Lo mismo hizo Ricardo Sande, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC), el único representante en la educación superior de derecha, que acentuó la crítica a las gestiones de la cancillería chilena. María Eugenia Ilabaca dijo que su hijo, de 47 años, reside desde hace seis años en México, donde cursa un doctorado en literatura, y sus abogados sostienen que está detenido sin pruebas en su contra. Agradeció a los líderes estudiantiles su gesto e insistió en que los cargos son falsos. Señaló que pese a los esfuerzos de la cancillería no hay resultados positivos. Anunció que se estudia presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el mismo tenor se manifestó la Defensoría Penal de Chile, que colabora en este caso junto con juristas de la Universidad Diego Portales.
Si se revisan los documentos que existen en la prensa escrita se puede observar que la detención de los supuestos anarquistas es una falla más del pésimo sistema policiaco que existe en México. El gobierno golpea y abusa de los ciudadanos mientras, el acusado de la desaparición de los 43 normalistas fue tratado dentro de los lineamientos de Derechos Humanos. Mientras tanto, se comienzan a organizar actividades para defender a los 11 acusados por el gobierno federal mexicano:
Más de 100 poetas y escritores mexicanos exigieron la liberación inmediata de las 11 personas detenidas al concluir la marcha del pasado 20 de noviembre como parte de la Jornada Global por Ayotzinapa en la ciudad de México. Los autores, por medio de una comisión integrada por las poetas Leticia Luna y Grissel Gómez, entregaron en la Procuraduría General de la República (PGR) una carta dirigida a su titular, Jesús Murillo Karam; al jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En esa misiva –respaldada por más de 120 firmas, entre ellas estudiantes de literatura de la Universidad del Claustro de Sor Juana– unen sus voces para protestar enérgicamente por las detenciones arbitrarias y el abuso de la fuerza pública contra ciudadanos que salieron a exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Los inconformes censuran el abuso de los agrupamientos policiacos, la violación a las garantías y los derechos constitucionales de los 11 jóvenes detenidos y los cargos tan insensatosque se les imputan, entre ellos asociación delictuosa y motín. Cuestionan, asimismo, las razones para consignarlos en sitios alejados de su lugar de residencia y sus familiares, como las prisiones en Tepic, Nayarit, y Xalapa, Veracruz.
El Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (Sutiems) decidió realizar un paro de labores de 24 horas en las 20 preparatorias del gobierno de la ciudad, por lo que permanecerán cerradas este viernes en demanda de la liberación de Juan Daniel López Dávila, alumno del plantel Iztacalco detenido junto con otros 10 durante la manifestación en solidaridad con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos.
Al grito de ¡cultura y educación, contra la represión!, trabajadores de los institutos nacionales de Bellas Artes (INBA), delegación D-III-22 y Antropología e Historia (INAH), delegación D-III24, así como representantes de los estudiantes de varias escuelas superiores de educación artística realizaron un acto de solidaridad y protesta frente al Palacio de Bellas Artes. Demandaron la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, así como la liberación inmediata y sin cargos de las 11 personas detenidas de manera arbitraria el pasado 20 de noviembre en el Zócalo capitalino.Asimismo, manifestaron su apoyo al estudiante de quinto semestre, Atzin Andrade González, de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, uno de los 11 detenidos. En su momento, Rafael Belman Rivera, estudiante representante de la Escuela Superior de Música del INBA, dijo que actualmente compañeros de los Cesarts y las escuelas superiores de arte, como la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Arte Teatral, La Esmeralda, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Escuela de Danza Folclórica y la Escuela Nelly Campobello, entre otras, se encuentran organizadas de manera independiente en un movimiento de arte y cultura, en solidaridad con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Entre las acciones que se han emprendido, dijo, en el Centro Cultural del Bosque los compañeros están liberando las taquillas, con pase gratuito a las actividades teatrales y dancísticas.
El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) reitera su convicción y compromiso con la libertad de creación, la libertad de expresión y manifestación pacífica, expresó su directora general, María Cristina García Cepeda. La funcionaria explicó que el instituto que encabezase adhiere al compromiso del gobierno federal de garantizar el respeto de los derechos humanos de los detenidos el pasado jueves 20 noviembre durante la marcha en solidaridad por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, entre ellos un alumno de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Manifestó que el INBA ofreció asesoría legal a los padres del alumno de La Esmeralda y solicitó a las autoridades de procuración de justicia información oportuna respecto de su situación jurídica.El pasado 20 noviembre Atzín Andrade, de 29 años de edad y estudiante del quinto semestre de artes plásticas en La Esmeralda, fue detenido junto con otros 10 manifestantes durante la que se ha dicho fue la primera marcha en su vida, a la cual llegó con dos amigos. Sobre las diversas actividades que se realizarán este viernes en la explanada del Palacio de Bellas Artes, las cuales incluyen la exposición 43 + 11, que será montada dentro del inmueble, García Cepeda puntualizó que “vamos a dar todas las facilidades que estén a nuestro alcance para apoyar las manifestaciones pacíficas y, desde luego, que tienen que ver con el arte y la cultura.
Un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigió la liberación de las 11 personas detenidas tras la marcha del pasado 20 de noviembre, tres de los cuales son alumnos de este plantel. En conferencia de prensa, señalaron que tras la manifestación convocada el jueves de la semana anterior por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, los granaderos capitalinos y la Policía Federal desalojaron violentamente a los manifestantes que aún estaban en el Zócalo.
Las acusaciones de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio contra los 11 consignados tras la marcha del pasado 20 de noviembre son absurdas e insostenibles, por lo que el juez encargado de analizar dichos cargos podría determinar su improcedencia y ordenar la liberación de los procesados, afirmó Karla Micheel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Indicó que ninguno de los tres señalamientos está debidamente comprobado por la Procuraduría General de la República (PGR), lo cual deja ver que tienen una intención política de criminalizar la protesta social. La acusación de tentativa de homicidio, explicó, se basa en las declaraciones de cinco agentes de la Policía Federal que dicen haber rescatado a uno de sus compañeros de un grupo de supuestos anarquistas, a quienes escucharon manifestar su intención de matar al uniformado. Sin embargo, el Ministerio Público nunca presentó una evaluación médica del agente supuestamente atacado para determinar la gravedad de sus lesiones. Además, el único criterio usado por los denunciantes para identificar a los presuntos agresores es que coreaban consignas en contra de las instituciones y se llamaban compa o compañero entre sí.
El rector de la Universidad Iberoamericana (Uia), David Fernández, consideró una vergüenza que a los 11 jóvenes detenidos el pasado 20 de noviembre se les achaquen delitos peores que al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, quien está arraigada. No es tolerable que esto ocurra, dijo, al considerar que hay animadversión sistémica contra los jóvenes, quienes no tienen más remedio que responder. Al término del consejo nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, indicó que hay evidencias de que los 11 detenidos no fueron los agresores.
Amnistía Internacional (AI) y sus simpatizantes en el mundo hicieron un llamado urgente al presidente Enrique Peña Nieto y al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para que los 11 detenidos el pasado jueves 20 de noviembre tras los disturbios del Zócalo no sean sometidos a un proceso judicial “injusto”. “Todos ellos han denunciado haber sufrido malos tratos y han sido trasladados a prisiones en lugares muy apartados, que limitan seriamente sus posibilidades de ponerse en contacto con sus abogados y familiares”, manifestó la organización. Informó que de acuerdo con sus testimonios, las personas detenidas tienen golpes en la cara, hemorragias en los ojos y cortes en los brazos. La organización civil, con sede en Londres, Inglaterra, pidió a ambos funcionarios una investigación exhaustiva e inmediata sobre la presunta detención arbitraria y malos tratos de los 11 manifestantes. “Esa investigación debe incluir la realización de exámenes médico forenses que cumplan plenamente las normas internacionales, o permitir que dichos exámenes sean realizados por expertos forenses independientes”, reiteró Amnistía Internacional. También llamó a las autoridades a proporcionar a todos los detenidos atención médica adecuada y garantizar su debido proceso, lo cual incluye un contacto razonable con abogados y familiares, lo que desde su perspectiva no ocurre ahora que están en prisiones federales ubicadas en los estados de Veracruz y Nayarit.
¿Tú no estás cansado de tanta impunidad? ¿Qué estás haciendo por tus hijos, sobrinos o nietos? ¿Es el país que le les vas heredar? ¿Piensas que una puerta tiene más derechos que tus hijos?
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