Es frecuente escuchar los problemas que provocan las cuotas "voluntarias" en las escuelas públicas. La falta de mantenimiento y de recursos didácticos genera que se busquen alternativas de financiamiento:
La dirección del jardín de niños público Francisco Larroyo, ubicado en la comunidad El Rodeo, municipio de El Marqués en Querétaro, prohibió la entrada a 17 menores porque sus padres no pagaron cuotas que, de acuerdo con la normatividad vigente, no son obligatorias. Los padres de familia se reunieron con el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e Innovación en la legislatura estatal, Óscar Arturo Rodríguez Cervantes, a quien indicaron que la dirección del kínder les explicó que esta medida fue un acuerdo del comité de padres de familia del plantel.
El Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos (EPT) en el Mundo, presentado ayer por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), denuncia que en México los padres de familia tienen que recurrir a pagos extraoficiales para obtener servicios educativos. El análisis refiere que la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno elaborada cada dos años en México estimó que las familias pagan alrededor de diez millones de dólares (130 millones de pesos aproximadamente) en actos de corrupción, con el fin de conseguir el acceso de sus hijos a la enseñanza pública y gratuita. Al respecto, el Informe indica que un rastreo del gasto público podría contribuir a disminuir la corrupción, pero también advierte que si esta irregularidad está muy arraigada, será imposible erradicarla del sistema educativo.
En tanto, la federación permite la asignación irregular del presupuesto a profesores comisionados para el sindicato:
La auditoría externa al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que se entrega a los gobiernos estatales, detectó que de 203 mil 317 millones de pesos destinados para este año, 37 mil 174 millones se ejercieron de forma irregular –lo cual representa un uso “atípico” de 18.28 por ciento–, y el caso más evidente es el costo de mil 314 millones de pesos al año que representa el pago a 8 mil 110 profesores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Consultado al respecto, el diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, explicó que se trata de una “sangría” al gasto de educación básica, porque permite a los gobernadores un manejo discrecional de los fondos, lo que les ayuda a mantener una “estabilidad política artificial” con el SNTE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario