Los conflictos "de baja intensidad" en Oaxaca

Dos años después, la situación en Oaxaca no ha cambiado demasiado. Los conflictos "de baja intensidad" se siguen en los medios:

A dos años de la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de corporaciones locales contra el movimiento magisterial-popular en Oaxaca, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) aseguró que la situación de impunidad “se mantiene en los mismos términos”, pues no se procesó a los autores materiales e intelectuales de las graves violaciones, y la desprotección de las víctimas es manifiesta. El conflicto entre el gobierno del estado, los profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) dejó un saldo de 23 personas muertas, la detención de 450 y una larga serie de denuncias por los delitos de tortura, tratos crueles y degradantes, desaparición forzada y privación ilegal de la libertad entre mayo y noviembre de 2006, afirmó el orga- nismo internacional en su pronunciamiento Justicia para Oaxaca, emitido en Barcelona, España.

Sigue sin resolverse el asesinato del periodista de los Estados Unidos durante los conflictos con el magisterio:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratificará que el asesinato del periodista Bradley Roland Will fue realizado a unos 40 metros de distancia, por un tirador que hizo los dos disparos, los cuales pudieron haberse hecho en menos de un segundo. Durante la conferencia que ofrecerá hoy el organismo, se ratificará que el caso de Brad Will fue politizado en medio de una absoluta impunidad y una serie de graves irregularidades promovidas por el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, como lo mencionó en su recomendación emitida en septiembre pasado.

Un informe con una investigación cuidadosa, creíble y transparente para identificar a los autores del crimen de Bradley Roland Will y llevarlos a la justicia”, es exigido por el Congreso de Estados Unidos para liberar sin obstáculos en 2009 los recursos destinados a México, como parte de la Iniciativa Mérida. En la enmienda adicional para asignaciones presupuestales 2008 y 2009, los congresistas estadunidenses incluyeron un apartado dedicado al caso del camarógrafo de Indymedia asesinado en Oaxaca el 27 de octubre de 2006. “Las investigaciones del estado y federales del asesinato en Oaxaca de Bradley han sido estropeadas y se ordena al secretario de Estado que no después de 45 días de la promulgación de este acto y 120 días después de éste, entregue a los comités del Congreso informes que detallen el progreso de una investigación cuidadosa, creíble y transparente”, señala el documento oficial.

El gobernador Ulises Ruiz dijo que su administración admitió la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las irregularidades cometidas en la investigación del asesinato del camarógrafo estadunidense Brad Will, y ordenó a la Procuraduría General de Justicia y a la Contraloría estatales que reabran las indagatorias. “No hay ningún rechazo; aceptamos el documento y giramos instrucciones para que se abran las investigaciones y se revise si los señalamientos de la comisión tienen fundamento o están equivocados”.

Ante las presiones, el todavía gobernador se opone a la Alianza por la Calidad en la Educación:

El gobierno de Ulises Ruiz se solidarizó con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y manifestó su rechazo a la entrada en vigor de la Alianza por la Calidad Educativa. El titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Abel Trejo González, afirmó que “estamos contra el procedimiento, porque no se consensuó ni al gobierno ni a los estados ni mucho menos a los maestros”.

Pero, continua el hostigamiento al movimiento:

Presuntos policías intentaron detener a Orlando Sosa López, uno de los voceros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuando ingresaba a las oficinas de su organización, ubicada en el centro de esta ciudad. El activista, quien recientemente fue sentenciado por un juez federal a cinco años de prisión, por supuesta portación de arma de fuego, forcejó con sus captores y con ayuda de sus compañeros se pudo liberar.

Y hay frecuentes protestas:

Integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) marcharon para rechazar el cuarto informe del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y en protesta por la “nueva campaña represiva” del gobierno estatal, como lo muestra, dijeron, el reciente intento de detención de Orlando Sosa López, uno de los voceros del movimiento magisterial y popular. En un mitin frente al antiguo palacio de gobierno, el secretario de Organización de la sección 22, Gabriel López Chiñas, afirmó que el magisterio oaxaqueño siempre responderá contundentemente al gobierno estatal cuando desate “nuevas agresiones y represión” contra el pueblo.

El gobernador Ulises Ruiz Ortiz envió al pleno de la LX Legislatura local su cuarto Informe de labores, como lo establece la Constitución del estado de Oaxaca, al iniciar el periodo ordinario de sesiones. El secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus, fue el encargado de entregarlo al presidente de la Gran Comisión, Herminio Cuevas Chávez, quien informó que será en la sesión del próximo jueves cuando los legisladores de las fracciones parlamentarias presenten su postura respecto del documento.

La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emplazó tanto a la Secretaría de Gobernación como al gobierno de Ulises Ruiz a que se instale una mesa de diálogo “urgente” y evitar así que vuelvan a tomar las calles del centro de Oaxaca. Los mentores de la sección 22 piden castigo para los responsables de la represión ejercida tras la revuelta social del 2006; además, exigen echar atrás la Alianza por la Calidad de la Educación, y demandan la devolución de las escuelas que estan poder de un grupo de profesores elbistas, integrantes de la sección 59 del SNTE.

La sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que fuera fundada hace poco menos de dos años, sufrió su primer gran fractura, ya que 600 de sus miembros desistieron y optaron por regresar a las filas de la sección 22, de donde habían emigrado tras el conflicto oaxaqueño de 2006. La versión fue confirmada por el dirigente de la sección 22, Azael Santiago Chepi, quien reconoció que los tiempos de los elbistas en Oaxaca están prácticamente contados.
“Nosotros no los buscamos, ellos se han acercado, asumiendo que fueron engañados por esos ex dirigentes corruptos que abandonaron nuestras filas para entregarse a los designios de la espuria Elba Esther Gordillo”.

La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició un foro y brigadeo en diversas poblaciones de Oaxaca para protestar contra la puesta en marcha de la Alianza por la Calidad de la Educación. Los mentores recorren los principales municipios y ciudades de la entidad para concientizar a la población acerca de los efectos negativos que generará la puesta en operación de llamado plan Gordillo. “Hemos comenzado a sembrar en cada pueblo, municipio, ranchería, colonia o barrio, la semilla de la rebelión, en animo de contar con un gran respaldo popular en nuestras manifestaciones”, señaló el dirigente de la sección 22, Azael Santiago.