Ayer, en una de las ceremonias que debería representar un acto democrático, el Estado Mayor Presidencial (EMP) desplegó centenares de militares y dispuso de más de 4 mil 700 policías, entre agentes federales y capitalinos, para resguardar Palacio Nacional, las zonas aledañas al Palacio Legislativo. En otras palabras un ciudadano común y corriente no puede acceder ni acercarse a escuchar de viva voz lo que sus representantes tienen que decir sobre el estado mexicano, a pesar de que los legisladores declararon que no se cercaría el congreso. Lo que no sabían es que este operativo comenzó tres semanas antes. Otro ejemplo de estas prácticas de seguridad nacional se puede observar en el cerco militar que rodeará al Forum de las Culturas que se realizará en Monterrey. ¿Me pregunto la sensación de algún ponente al hablar sobre democracia o de la libertad o de los derechos humanos mientras está resguardado por militares?
Este ambiente político y social permea en el sistema educativo de la educación básica y de la educación y formación que se da a los nuevos policías. Estos nuevos policías necesitan de contar con estudios universitarios (nada mal para tratar de profesionalizar el sistema judicial), sin embargo, la formación especializada parece no ser tan rigurosa como se dice; pues con seis meses de curso teórico y práctico, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal pretende formar a los nuevos agentes federales de investigación que tendrán entre sus responsabilidades coordinar operaciones especiales, seguridad institucional y “equipos especiales, con la finalidad de garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos”, así como intervenir en “situaciones de crisis de seguridad, cuando sea rebasado el ámbito local”. Mientras, los medios informativos documentan encarcelamientos por motivos relacionados con la libertad de expresión o conflictos en el sector educativo.
Por otra parte, el discurso que ha rodeado al sector educativo desde la nueva administración federal y los gobiernos locales se refiere principalmente a la inseguridad, el antidoping, la vigilancia, cateos a niños y jóvenes, narcotráfico, etc. A este ritmo no me sorprendería que el sistema penitenciario mexicano comenzara a preocuparse por la calidad educativa debido a que aumentará en un futuro próximo la necesidad en los jóvenes mexicanos de terminar los estudios formales e informales dentro de las cárceles, como es el caso de un recién egresado en contaduría pública. Quienes se han puesto las pilas son los reos de Mexicali que estudian ciencias de la educación con el aval de Universidad Autónoma de BC.
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