viernes, septiembre 21, 2007

Un mes de iniciado el ciclo educativo en Oaxaca

Qué ha sucedido en Oaxaca:

El gobierno del estado creará un fideicomiso para la reparación del daño a 18 simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) víctimas de detenciones ilegales y torturas, en un principio, aunque se podría ampliar para las viudas e hijos de las personas que han fallecido durante el conflicto social que vivió la entidad.

Un juez federal otorgó un amparo al líder de la APPO Flavio Sosa Villavicencio en cuatro de siete procesos penales instruidos en su contra por la justicia oaxaqueña, por lo que podría alcanzar su libertad bajo caución.

Un enfrentamiento, donde salieron a relucir piedras, cohetones y bombas molotov, entre integrantes de las secciones 22 y 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por el control de la escuela primaria Ricardo Flores Magón, en el municipio de Huajuapan de León, dejó al menos dos heridos que ameritaron atención clínica, así como decenas de golpeados. Luego de los hechos de violencia ocurridos la sección 22 del SNTE pidió al gobierno de Ulises Ruiz “poner en orden” a los agitadores y auguró mayores altercados, pues prevalecen 108 conflictos álgidos en escuelas.

Josefina Martínez de Martínez, esposa de quien fue rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Felipe Martínez Soriano, dio el Grito Popular de Independencia al que convocó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en la Plazuela del Carmen Alto, a unas cinco cuadras del antiguo palacio de gobierno.

Un grupo de maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron la sede de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca para exigir la destitución de un grupo de profesores elbistas que tienen el control de diversas escuelas primarias del municipio de la Villa de Zaachila.

Un grupo de alumnos y profesores de la escuela Normal de Putla de Guerrero, evitaron que el gobernador Ulises Ruiz aterrizara en esa comunidad, lanzando piedras y cohetones contra el helicóptero del mandatario. Según el secretario de Protección Ciudadana (Seproci), Sergio Segreste Ríos, algunos uniformados fueron apaleados por los manifestantes, que utilizaron desde botellas de vidrio hasta piedras, para enfrentar a las fuerzas estatales de seguridad, por lo que incluso el funcionario reportó tres uniformados con lesiones, uno de ellos de gravedad, al recibir una pedrada en la cabeza que lo mantiene inconsciente.

El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Germán Martínez, destacó que en materia de fiscalización y rendición de cuentas Oaxaca es “un caso de preocupación”. Aun cuando la SFP inició en 2006 una auditoría para saber del destino de los recursos federales que se entregaron al gobierno de Ulises Ruiz para el combate a la pobreza, la creación de infraestructura y otros rubros, a la fecha, dijo, “no tenemos facultad para entrar” a las finanzas estatales y auditar.

En la agencia municipal de Mixtequita, municipio indígena de San Juan Mazatlán Mixe, un grupo de pobladores, azuzados por maestros de la sección 22 y autoridades del lugar, sacó de sus aulas a golpes a seis profesores elbistas, quienes fueron encerrados en la cárcel del lugar, donde aseguran que fueron torturados.

Un grupo de simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca realizó un mitin frente a la sede del Poder Judicial Federal en Oaxaca, a la que arrojaron “huevazos” luego de que se le negara la libertad al dirigente de esa organización, Daniel Venegas, quien había obtenido un amparo dictado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito contra los delitos que le fueron imputados por el gobierno de Ulises Ruiz, como la quema de edificios públicos ocurrida el pasado 25 de septiembre.

El gobierno de Ulises Ruiz ofreció reconocer y validar a los maestros externos que brindan clases a nivel primaria y secundaria del municipio de Santa María Chilchotla, lugar donde la autoridad municipal mantiene prohibido el paso a los profesores de la sección 59 y 22.

Bien parece que el Programa Escuela Segura no se aplica en el estado.

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