la consigna "vivos se los llevaron vivos los queremos" sigue siendo vigente en el siglo XXI en México. Desaparecen a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

En pleno siglo XXI en México los gobiernos federal y estatales insisten en asesinar y desaparecer ciudadanos. Por una u otra razón, las fuerzas del ejército y la policía siguen siendo utilizadas como herramienta de de represión y terror. Hace algunas semanas apenas nos enterábamos de los asesinatos ocurridos en el estado de México realizados por el ejército mexicano por la "guerra contra el narco":

El procurador General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam asevera que lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas el 30 de junio pasado, fue asesinato.  En entrevista, el procurador señaló que: "A mi gusto, lo de Tlatlaya es homicidio", al tiempo que reconoció al Ejército por actuar con gran honestidad al informar de sus sospechas sobre las deficiencias en la aplicación de los protocolos en el operativo realizado en la región y que fue por ello que la dependencia inició con la investigación.

Cuando en Guerrero, el gobierno local decide "desaparecer" a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, al estilo "68" usando a policías, mientras el ejército se hacía de la vista gorda:

Los ataques armados que policías municipales y presuntos pistoleros emprendieron la noche del viernes contra alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa dejó cinco muertos, 25 heridos –uno con muerte cerebral y otros cuatro de gravedad– y 25 desaparecidos. La agresión, que continuó la madrugada de este sábado, fue pareja contra cualquiera que parecía estudiante, los pistoleros dispararon contra un autobús donde viajaban jugadores del equipo de futbol Los Avispones, de la tercera división profesional, sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo. El vehículo se desbarrancó. Los estudiantes habían llegado a Iguala la tarde del viernes en cuatro autobuses para colectar fondos económicos y desde las 18 horas botearon por la ciudad.

Y los padres tuvieron que movilizarse para encontrar a sus hijos. Ni el gobierno local ni el gobierno federal puede dar respuestas:

Ante la falta de respuesta del gobierno estatal, paterfamilias y estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa iniciaron este domingo la búsqueda de al menos 57 jóvenes desaparecidos en la ciudad de Iguala, luego de que fueron atacados a balazos por policías municipales provocando la muerte de tres alumnos. A su vez, organismos de derechos humanos sostuvieron que al momento no han regresado a las instalaciones del plantel 77 estudiantes, lo que generó confusión.

Estos hechos y la pésima actuación del gobierno federal y estatal han provocado una gran protesta a nivel nacional e internacional. Primero por la permanencia del uso de estrategias de terror por parte de los gobiernos que se dicen democráticos, segundo por la incapacidad crónica de resolver estos crímenes de estado:

Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) se unieron a los reclamos para que México esclarezca ‘‘cuanto antes’’ qué pasó con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, luego de ser atacados y perseguidos por la policía y sicarios. Es un ‘‘crimen preocupante que demanda una investigación completa y transparente’’ para que los responsables sean llevados a la justicia, dijo la portavoz del Departamento de Estado estadunidense, Jen Psaki. También en Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, se dijo ‘‘consternado’’ por este crimen que ‘‘enluta no sólo a los mexicanos, sino a todos los países de América’’. La oficina local de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamó a México a efectuar una búsqueda ‘‘efectiva’’ de los jóvenes, desaparecidos desde que fueron baleados la noche del 26 de septiembre por policías del municipio de Iguala y miembros del cártel localGuerreros Unidos, en un ataque conjunto.

Escaló la presión nacional e internacional para que el gobierno de México investigue y ofrezca resultados concretos en torno a la desaparición y posible homicidio de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y que los responsables sean llevados ante la justicia. Organismos no gubernamentales demandaron conclusiones a corto plazo, mientras miles salieron a marchar en Iguala y el Distrito Federal. Las protestas también se extendieron a otras entidades; la indignación por este caso encontró eco en al menos nueve países, en los que se realizaron manifestaciones frente a embajadas y consulados mexicanos. Human Rights Watch (HRW), la Oficina de Latinoamérica en Washington (WOLA, por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan acusaron una respuesta tardía y limitada del gobierno frente al fenómeno de la desaparición forzada y reiteraron la petición de que se brinde seguridad a los familiares de los normalistas desaparecidos y heridos desde el 26 de septiembre pasado en Iguala. Maureen Meyer, coordinadora principal del programa México de WOLA, indicó que si se confirma que los cuerpos encontrados en las fosas de Iguala corresponden a los estudiantes normalistas, la masacre sería una de las peores sucedidas en México y una verdadera tragedia, afirmó. “Es urgente llevar a cabo una investigación imparcial, pronta y científica sobre la identidad de estos cuerpos y sancionar a los responsables”. Dijo que “hay que reconocer el esfuerzo del gobierno de investigar los hechos contra los estudiantes y el paradero de los desaparecidos. No obstante, es preocupante que no se habían investigado y sancionado antes los posibles vínculos entre autoridades locales y grupos del crimen organizado”. HRW envió una misiva al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que reclamó que las acciones realizadas por el gobierno federal para encontrar a los desaparecidos han sido limitadas, a pesar de tratarse de una crisis de derechos humanos. “Los esfuerzos de México para abordar la gran cantidad de casos de desaparición forzada y personas llevadas ilegalmente contra su voluntad, ocurridos en todo el país durante los últimos años, han estado plagados de demoras inexplicables y anuncios públicos contradictorios”, señaló.

En por lo menos 25 estados miles de personas salieron a manifestarse en favor de los normalistas de Ayotzinapa, con un mismo clamor: ‘‘¡Vivos se los llevaron, vimos los queremos!’’ Reclamaron y exigieron a los gobiernos municipal de Iguala, estatal de Guerrero y federal la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre cuando fueron atacados por policías con apoyo de miembros de grupos criminal. Las movilizaciones tuvieron lugar tanto en pequeños municipios, donde se reunieron 300 personas, hasta en ciudades como Guadalajara, donde se concentraron alrededor de 7 mil ciudadanos. En todas las manifestaciones participaron normalistas. Los asistentes hicieron patente su repudio e indignación por los hechos violentos ocurridos en Iguala, que hasta ahora han dejado seis personas muertas, más de 20 heridas y 43 desaparecidas. Señalaron que se trata de las agresiones más graves contra la juventud del país en los últimos tiempos.

Y es que los relatos que están apareciendo en los medios es la prueba del regreso a una dictadura perfecta que se disfraza de democracia. No se percibe un cambio importante en el accionar de los responsables de la seguridad de los ciudadanos, las policías parecen seguir siendo empleados del gobernante en turno para hacer el trabajo sucio y no para proteger a los ciudadanos:

Marcos es un estudiante de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Él y otros jóvenes alumnos vivieron el infierno de la matanza y secuestro de muchos de sus compañeros aquel fatídico 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. En una amplia entrevista el estudiante niega que haya habido provocación a los policías ese día, que los estudiantes tengan algún tipo de relación con armas o grupos de la delincuencia organizada y asegura con contundencia que sus compañeros desaparecidos iban todos vivos y conscientes. Con un lúcido detalle, el muchacho de 20 años y estudiante de tercer grado de la Normal delinea paso a paso las horas aciagas que vivió junto con sus compañeros entre la noche del viernes 26 de septiembre y la madrugada del sábado 27. “Ya no nos subieron a las patrullas porque ya no cabíamos” . Explicó que él y otros 60 ó 70 de sus compañeros se trasladaron a Iguala para conseguir apoyos económicos entre la población, de cara a los preparativos para conmemorar el 2 de octubre, una actividad que año con año los lleva a desplazarse a distintas localidades de Guerrero para botear. Y esta vez tocó Iguala. Para el traslado, expone, tenían a su disposición un microbús que ya no les sirve, por lo que decidieron retener tres autobuses de una empresa, con el consentimiento de los choferes, mencionó, a quienes se les da hospedaje, viáticos y alimentos. Es decir, no los obligaron. Con la voz temblorosa que brotaba del cúmulo de sentimientos nítidos en la memoria de miedo, irritación y zozobra, el estudiante cuenta cómo ya en Iguala la Policía municipal los empezó a seguir, una actitud policial que no les sorprendió en ese momento. Él viajaba en el vehículo de la retaguardia en el convoy de tres unidades. Pero llegando “al bulevar”, recuerda Marcos, una patrulla se le cerró al autobús que iba a la vanguardia del convoy y posteriormente llegaron otras patrullas. “Nosotros no nos bajamos (los del autobús de atrás), estábamos esperando”. Los estudiantes sólo se comunicaban vía telefónica, entre un autobús y otro. Los del primer vehículo dijeron a los policías que los dejaran pasar pero, sin muchas palabras que mediaran, “empezaron a rafaguear arriba en el autobús… los vidrios”, una metralla seca que pronto alcanzaría a los sorprendidos viajeros de los tres autobuses.“A Aldo (uno de los muchachos que viajaba con Marcos en el tercer autobús) le dieron un balazo, ya se había bajado”. Mientras tanto, arriba, en el autobús de Marcos, se preguntaban sorprendidos qué pasaba, de qué se trataba eso. “Como al minuto empezaron a tirar” al camión “y nos agachamos y nos arrastrábamos”, expone a detalle, en la remembranza de una noche que no olvidará. “A un compañero le dieron un balazo en la mano”, recuerda el entrevistado, quien deja en el micrófono su testimonio de una actitud de prepotencia por parte de los policías agresores, quienes, apunta, enseguida bajaron del vehículo a los estudiantes y los golpearon.

Mientras tanto, el secretario de Educación Pública se limita a dar respuestas escuetas sin profundidad sobre el sistema de educación superior que en estos momentos vive una crisis importante. En dos sistemas educativos creados por el viejo régimen revolucionario: el sistema de educación normal y el Instituto Politécnico Nacional. El secretario nada pudo decir de trascendencia porque ni los diputados ni los senadores pidieron rendición de cuentas:

Los dos principales conflictos vinculados con la educación: el movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el asesinato y la desaparición de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, no fueron abordados a fondo por el secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, ni por los diputados que lo citaron a comparecer. Ninguno de los 21 diputados de todos los partidos que intervinieron en la comparecencia preguntó a Chuayffet cuál es su postura sobre la agresión armada contra normalistas en Iguala, Guerrero, y el funcionario tampoco abordó el caso. Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha hecho un pronunciamiento al respecto. Cuando la diputada Claudia Elena Águila, del PRD, preguntó si es tiempo de que el IPN resuelva su vida interna y que su proyecto educativo quede al margen de los cambios sexenales, Chuayffet respondió que los alumnos deben regresar a clases.


El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, dijo ante senadores que el caso de Iguala, donde fueron desaparecidos y asesinados estudiantes de Ayotzinapa,no debe repetirse jamás, y aseguró que las normales rurales no van a desaparecer, ya que el compromiso del gobierno federal es darles todo el apoyo. El funcionario insistió en que el compromiso del gobierno federal es fortalecer esos centros educativos, porque cree en el normalismo, pero debe haber corresponsabilidad entre alumnos, profesores y padres de familia.

Los Estados Unidos Mexicanos no podrán salir del tercermundismo mientras la sociedad mexicana siga tolerando vivir bajo una dictadura perfecta que se barniza de democracia para permitir que grupos políticos se coludan con criminales para mantenerse en el poder. La sociedad mexicana necesita de crear una verdadera cultura democrática que tenga como referente el respeto de los derechos humanos. De otra forma seguiremos viviendo en una cultura virreynal del siglo XVI.