La Secretaría de Educación Pública (SEP) planea implantar un programa antidoping en 8000 escuelas de educación básica en el siguiente ciclo escolar. El antidoping no se exige a los presos en las cárceles mexicanas. Los orígenes de este programa no resultan muy claros, el tema de la inseguridad y narcotráfico ha cobrado una inusitada relevancia en el discurso gubernamental. Han aparecido en los medios encuestas que muestran el aumento del uso de drogas entre los jóvenes mexicanos. En este contexto se están realizando acciones en las escuelas públicas que tienen que ver con el control e inspección de las pertenencias y cuerpos de los estudiantes. En la Ciudad de México se pretende instalar 8000 videocámaras en las escuelas, resulta paradójico que el funcionario entrevistado declara que se debe al bicentenario del nacimiento de un país democrático. ¿La democracia vigila a sus ciudadanos o los ciudadanos vigilan la democracia?
Tampoco son claros los objetivos y los procedimientos de este programa. Por una parte, el titular del poder ejecutivo federal, el sr. Felipe de Jesús Calderón, presenta el programa Limpiemos México e inmediatamente después la sra. Josefina Sánchez declara que no se tienen los mecanismos operativos y financieros. Tal parece que el programa se encuentra en fase de diseño y desarticulado. Además, las razones para apoyar el programa presentadas por algunos senadores y diputados parecen sustentarse en posturas ideológicas y no en evidencias de la investigación. Por ejemplo, los resultados obtenidos de los programas de control en los Estados Unidos son bastante ambiguos. También sabemos que existe una fuerte relación entre la pobreza y la venta y consumo de drogas ilegales, este problema tiene que atenderse desde un enfoque sistémico. Son mucho más efectivos y más respetuosos de los derechos humanos y del niño los programas basados en la prevención. Los programas de prevención parten de la idea de que los niños, niñas y jóvenes pueden vivir en una de situación de riesgo pero con suficiente capacidad de aprendizaje para evitar el consumo de drogas ilegales y que poseen derechos. Estos derechos no pueden ser derogados ni por la familia ni las autoridades educativas.
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