En los medios se han presentado una serie de notas relacionados con las intensiones privatizadoras del sistema educativo Méxicano. Los argumentos en contra se refieren a que responde a intereses de organizaciones internacionales.
Resulta harto interesante analizar los datos obtenidos por la prueba Pisa 2003 que se realizan entre los miembros de la OCDE. Podemos observar que Holanda tiene 77% de sus estudiantes en escuelas privadas, Bélgica 68%, Corea 58%. Pero, ¿que ocurre en algunos de los países que pertenecen al G-8, que poseen las economías más fuertes a nivel mundial? En Alemania el 8% de sus estudiantes asisten a escuelas privadas, Canada 6%, Estados Unidos 6%, Italia 4%, solamente Japón se dispara hasta un 27%.
¿Porque parece que el gobierno mexicano impulsa una política educativa que no siguen las economías más fuertes? ¿Analiza con cuidado los sistemas educativos de otros países o los números que se construyen los bancos y modelos macroeconómicos? ¿Cuál es el sustento científico y educativo? La relación entre educación y economía parece ser directa, sin embargo, los países del G-8 muestran otras relaciones vinculadas al fortalecimiento de la democracia especialmente en Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y de las inversiones realizadas en la educación pública y desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Aún así:
La organización civil El poder del consumidor denunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sirve a la estrategia de la empresa refresquera Pepsico para mantenerse en las escuelas, al tiempo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea hacen esfuerzos en los países donde tienen presencia a fin de retirar comida chatarra de las escuelas. La SEP viola la Ley General de Salud en la que se establece que será la dependencia federal en la materia la encargada de orientar y vigilar lo concerniente a la nutrición de la población, y no particulares como Pepsico y Coca-Cola. Los convenios son firmados en el contexto de las campañas Vive Saludable y Movimiento Bienestar, de Pepsico y Coca Cola, respectivamente, para propiciar la mejora nutricional en las escuelas públicas del país. Y aunque han aclarado que es sin fin mercadotécnico, en las páginas de internet de ambas, además de delinear algunos aspectos de ingesta nutritiva, también promocionan sus productos.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el Programa Prepárate, que pretende dotar de computadoras portátiles a jóvenes para que estudien el bachillerato a distancia.
La titular de la SEP dijo que la educación en línea es una alternativa para dar respuesta a la demanda de estudiantes, y para ello solicitó al dueño de Microsoft, a la Asociación de Bancos de México (ABM) y fundaciones privadas continuar apoyando la iniciativa.
La secretaria de Educación Pública, al exhortar a la empresa privada para que participe en la escuela pública, anunció que en el próximo ciclo escolar se introducirán “por primera vez” contenidos de finanzas y economía, con “espíritu emprendedor”, desde primero de primaria hasta secundaria.
El director general del IPN habló sobre la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de entregar créditos a jóvenes que quieren continuar sus estudios universitarios en instituciones públicas y privadas, se trata de un proyecto que “propiamente no conozco, pero esto de los créditos académicos, según ciertas investigaciones, no ha funcionado adecuadamente, así que hay que analizarlo con mucho cuidado”. Un caso relacionado es el siguiente: Una estudiante de la carrera de medicina en la Universidad Anáhuac concluyó sus estudios con un promedio de 9, pero debido a que recibió un “crédito educativo” no ha podido obtener su título y cédula profesionales. Por eso fue despedida de la residencia de neurología que estudiaba desde 2005 en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez.
La SEP intervino como gestora ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que a hoteleros de la Riviera Maya se les otorgue un fondo de inversión por 2 millones de dólares –que ya fue aprobado– para la capacitación de recursos humanos que respondan a las “demandas del sector privado”. Esto, como parte de un esquema promovido por la dependencia en el que se busca capacitar a empleados –como taxistas y meseros–, para que cuenten con una certificación en el mercado laboral.
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