La trágica muerte de 48 infantes en Sonora ha provocado un cierre masivo de guarderías en todo el país. Estos centros operaban con serias deficiencias para proteger la vida, seguridad y salud de los niños de México:
La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó suspender las actividades de la estancia infantil, que se encuentra en el edificio sede del máximo tribunal, con el fin de garantizar la seguridad de los 150 menores que son atendidos en el lugar y para dar paso a la construcción de una nueva estancia en el centro de la ciudad.
En Sonora, padres de niños que son atendidos en la guardería Del Río, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a Sandra Lucía Téllez y Alfredo Escalante Hoeffer –presuntamente evadidos del proceso penal por el incendio de la estancia infantil ABC, de la cual serían copropietarios– exigieron el cierre de ese plantel hasta que tenga medidas de seguridad adecuadas. “A esta guardería le hacen falta salidas de emergencia bien acondicionadas y señalamientos en áreas de desalojo, y consideramos que no puede seguir operando así”, señaló Liliana Hernández Pérez, del Comité de Padres de Familia de la Guardería del Río, ubicada en Hermosillo en una zona de oficinas de gobierno y de particulares.
Para muchos funcionarios y exfuncionarios públicos, de todos los partidos políticos y de todos los niveles administrativos, las guarderías son un "negocio fácil". Como puede apreciarse en el listado de las guarderías, los partidos políticos funcionan más como una aristocracia que como una asociación de ciudadanos interesados en el bienestar común:
Familiares del ex director del IMSS, Genaro Borrego Estrada, y del ex senador y ex gobernador panista Carlos Medina Plascencia; un primo hermano de Felipe Calderón; empresarios, políticos y funcionarios de todos los niveles y en los tres órdenes de gobierno figuran como propietarios o socios en la lista de guarderías subrogadas del Seguro Social, que dio a conocer ayer el director general del instituto, Daniel Karam. Aparecen en el listado apellidos de gobernadores y ex gobernadores como Sánchez Vite, González Kuri, Gutiérrez Mier, Moreno Peña, Riancho o Baeza; parientes de líderes sindicales, alcaldes, ex dirigentes de partidos, legisladores o ex legisladores.
Para la Secretaría de Salud el esquema de subrogación debe permanecer (supongo que debe seguir el esquema debido a la eterna crisis financiera y a los gobiernos no les interesa este gasto). Al parecer no importa quiénes sean los dueños (ya que pertenecen a la aristocracia política), pero que debe exisitir un proceso de licitación. Desde hace 30 años, las guarderías se asignaban de manera directa (ahora se entiende el asunto del "negocio fácil"):
El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, se manifestó en favor de mantener el sistema de subrogación de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero aclaró que las concesiones deben otorgarse por licitación pública y no a través de la asignación directa.
“Creo que es un servicio esencial que debe de seguir existiendo, que debe de ser fortalecido. Afortunadamente, existen muchas guarderías que permiten el trabajo y desarrollo de muchas mujeres mexicanas”, sostuvo. Para el encargado de la política sanitaria de México en las licitaciones no debe de importar quién sea el dueño o si cuenta con alguna especialización en el cuidado de los niños, porque finalmente no es el cuidador. Lo relevante es que cumpla con todos los requisitos que marca la ley y al menor costo. “Lo que importa es que si existen guarderías subrogadas, se den como se estaba haciendo, por licitación, independientemente de quien sea el licitante. Aquel que cumpla con todos los requisitos y ofrezca los mejores servicios al menor costo debe ser el favorecido”. La mayoría de las guarderías del IMSS administradas por particulares se adjudicaron por asignación directa y sin licitación pública, reconoció su director general, Daniel Karam. El funcionario explicó que hasta hace un año el esquema de subrogación, que operó desde hace casi 30 años, establecía que las licitaciones no eran necesarias.
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