Uno de los males que persisten desde hace 500, 200 y 100 años es la corrupción. Seguimos teniendo una mentalidad virreynal, fomentamos el sueño de ser aristócrata sólo por el hecho de ser, de tener un cierto apellido que ha sido investido por algún poder sobrenatural. Soñamos con ser una persona de excepción, por ello, puedo llegar tarde, no hacer mi trabajo, decir que tengo un título profesional, que puedo quebrar las reglas, que puedo recibir una "ayuda económica" extraordinaria y prohibida:
La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR), 22 denuncias penales en contra de igual número de servidores públicos por el delito de usurpación de profesión. Los denunciados ocupaban altos cargos, desde asesorías o enlaces de alto nivel de responsabilidad hasta direcciones, gerencias generales y otros en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed); Secretaría de Salud (Ssa); institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Nacional de Perinatología (Inper), Nacional de Rehabilitación (INR), y en el Hospital General de México (HGM).
Hace 200 años que las decisiones que se toman aquí dependen de los nacidos en el territorio mexicano. Desde hace 200 años los que fomentan la corrupción son mexicanos, no hay entidades financieras, ni grupos de empresarios, ni potencias extranjeras. Los corruptos somos nosotros mismos:
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó dos redes de corrupción donde participaban 194 funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que simulaban compras directas con facturas de supuestos pagos de lentes y aparatos ortopédicos, entre otros. La SFP informó que en ambos casos, dicho personal estaba adscrito a la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la SEP. Han sido inhabilitados por 10 y hasta 29 años por daños al erario de 3.9 millones de pesos. Además, se presentaron denuncias penales el 24 de agosto por el Órgano Interno de Control de la SEP por vender facturas o certificados médicos falsos a precios de entre 400 y 800 pesos. Tras una auditoría, las facturas no fueron reconocidas por los supuestos emisores y los certificados llevaban nombres y firmas falsos de médicos, carecían de sellos oficiales y en el ISSSTE no estaban los expedientes médicos. Durante 615 veces entre 2005 y 2006, según la investigación, el empleado presentaba el documento que compró ante la Coordinación Administrativa para tramitar el pago de la prestación y se pagaba sin ninguna verificación. En este caso, donde participaron 14 funcionarios que desviaron 2.7 millones de pesos, la administrativa Yolanda Leonila Rodríguez fue inhabilitada 29 años y sancionada con 8 mil 210 pesos. En el segundo caso, la SFP detectó otra red de corrupción conformada por 180 servidores públicos adscritos a la DGEI de la SEP, que cobraba prestaciones laborales con un daño patrimonial por un millón 259 mil pesos. Los involucrados usaron facturas presuntamente apócrifas de proveedores de lentes y de aparatos ortopédicos, así como recetas que no fueron expedidas por el ISSSTE, para justificar el pago indebido de dichas prestaciones.
Con qué cara seguimos diciendo que son las potencias extranjeras las causantes de los males en este territorio. No hay que buscar tres pies al gato. Si fomentamos, impulsamos, ocultamos, toleramos, aceptamos, la corrupción, no encontraremos salidas a las decepciones que nosotros mismos hemos construido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario