El gobierno federal aseveró que comunicar es gobernar y llamó a realizar un esfuerzo para contar con una estrategia que le permita retransmitir a los usuarios de redes sociales, así como trabajar para desterrar los apodos del lenguaje oficial y recuperar los nombres, “porque el crimen organizado ha terminado por imponer su lenguaje a los medios al lograr que se vuelvan de uso común palabras como levantón, encajuelados o encobijados, entre otros”. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, Roberto Campa, expuso que el contenido del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia busca reconstruir el tejido social. El director de Comunicación Social de la Secretaría de Energía, Víctor Avilés, habló de la “Buena comunicación, participación social y gobernanza”, donde resaltó que desempleo, las drogas y el fácil acceso a las armas, así como un ambiente de desigualdad económica y la urbanización irregular, son elementos que provocan la violencia y la delincuencia. Dijo que esa situación mejorará cuando cambien las condiciones sociales y haya más empleos, pero es una solución a largo plazo. Recomendó que el esfuerzo del gobierno federal debe dirigirse a recuperar las calles y devolverle la seguridad a los ciudadanos. “Uno de ellos, destacó, tiene que ver con la estrategia de comunicación. Es necesario desterrar los apodos del lenguaje oficial y recuperar los nombres, “porque el crimen organizado ha terminado por imponer su lenguaje a los medios al lograr que se vuelvan de uso común palabras comolevantón, encajuelados y encobijados”.
La realidad no depende del lenguaje de los medios de comunicación:
Durante los primeros cinco meses de la administración del gobierno federal en turno han sido ejecutados 194 servidores públicos, 60 por ciento de ellos eran policías municipales, revelan datos obtenidos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) y de fuentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los registros oficiales refieren que en la administración federal pasada fueron ejecutados 3 mil 620 servidores públicos y 46 por ciento eran policías municipales; los casos de policías estatales (450 casos) representaron 12 por ciento y las 620 ejecuciones de agentes ministeriales, 17 por ciento; el resto de los asesinatos de autoridades se cometieron contra agentes federales y militares.
Especialistas del comportamiento humano en la zona noreste del país reconocen un incremento en índices de consulta y consumo de antidepresivos entre la sociedad, a consecuencia de la situación de violencia que priva en el país. El doctor en Psicoterapia y psicoanalista Prisciliano de León Dávalos precisó que la violencia e inseguridad que se han registrado en todo México detonaron un incremento de patologías como la ansiedad, depresión, trastornos psicosomáticos como úlceras, hipertensión, que impactan en la sociedad. “Pensamos que uno de los efectos importantes es la desorganización social, no sólo por el daño directo de las personas, sino las huellas que va dejando, las secuelas, la familia queda destruida, es entonces un elemento de descomposición social”. Comentó que esta situación se ha convertido en un problema de salud pública y político. “Nuestras recomendaciones son en el ámbito de tratamiento psicológico, se incrementaron los índices de consulta popular e institucional, también un mayor consumo de medicamentos antidepresivos y ansiolíticos”.
Y centenares de soldados padecen o padecerán el trastorno de estrés postraumático. Uno de los graves problemas es que no existen suficientes especialistas para este tipo de padecimientos y es muy probable que los soldados con TEPT terminen en el alcoholismo o abuso de drogas con receta:
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no cuenta con médicos militares especialistas en ‘‘en siquiatría militar o de guerra’’ para atender los casos de trastorno de estrés postraumático (TEPT), que es un padecimiento al que están expuestos los soldados que participan en combates, sufren lesiones o accidentes, o que simplemente tienen traumas sicológicos por haber matado o visto morir a un compañero en acción. A pesar de que casi 50 mil soldados participaron diariamente en acciones en contra del narcotráfico y crimen organizado de 2006 a 2012 –actualmente suman más de 30 mil–, y de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó en 1994 que el TEPT es un cuadro médico generado por una situación traumática (producto de una guerra, enfrentamiento, catástrofe natural, etcétera) que requiere de una atención especializada, reconoció la Sedena. La dependencia señala que cuenta únicamente con 26 siquiatras castrenses para atender a 800 mil militares activos, en retiro y a sus derechohabientes, lo cual contrasta con los requerimientos establecidos por la OMS, que recomienda un promedio de nueve siquiatras por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con especialistas internacionales en el tema, las unidades de sanidad militar son las encargadas de prevenir antes, durante y después de una misión trastornos de ansiedad, depresión o estrés agudo entre los soldados para evitar que los hechos que vivieron deriven en desapego emocional, fobias, pánico, insomnio, estado represivo y conductas de aislamiento. En este contexto, la Sedena informó que de 2006 a 2012 se suicidaron 105 soldados y que en los dos primeros meses de este año dos militares más se quitaron la vida. Sin embargo, no ofreció mayores datos sobre las circunstancias ni causas que originaron los suicidios, o incluso si alguno había sido atendido previamente por algún desorden sicológico.
Y por qué el narco prospera. Prospera por las políticas monetarias y laborales de liberalismo social de los últimos 25 años y la economía de administración de la pobreza de hace 40 años. El narco ofrece lo que ninguna empresa, negocio o burocracia mexicana puede hacer:
La proliferación de la delincuencia en México, concretamente el narcotráfico, ubica esta actividad ilícita entre las mayores fuentes de empleo. El trasiego de estupefacientes ha generado trabajo en años recientes para miles de personas, incluso más que Pemex y la industria maderera. La iniciativa de reforma a los artículos octavo y noveno de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, promovida por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, refiere que actividades ligadas al narcotráfico colocan a éste como “el quinto empleador más grande del país. “Estimaciones recientes muestran que en México hay 468 mil personas que se dedican al narco. Esto es cinco veces más que el total de (los ocupados en) la industria maderera nacional y tres veces más que el personal de Pemex, la compañía petrolera con mayor número de empleados en el mundo. Campesinos, matones, vigilantes, capos, abogados, médicos, secretarias; el narcotráfico necesita de todo, y de todo emplea.”
El futuro de los jóvenes es tan pobre que el narco parece una posibilidad real de salir de la pobreza:
El alcalde de Puente de Ixtla en Morelos, Julio Espín Navarrete, dio a conocer que alumnos adolescentes de secundarias y preparatorias cuestionados por sus profesores sobre lo que quieren ser de grandes, responden que sicarios o narcotraficantes, lo que dijo es alarmante. “Los maestros nos los han comentado, los de secundaria, los de preparatoria nos han dicho que hoy le preguntas al adolescente y te dice que quiere ser sicario, que quiere ser narcotraficante y eso es preocupante, nosotros como gobierno tenemos que trabajar sobre ello, insisto tenemos por supuesto que ver actividades para estos jóvenes, tanto culturales como deportivas”.
Debido a los amagos de la delincuencia y para proteger la vida e integridad de sus más de mil trabajadores, sus familias y de sus directivos, los periódicos Zócalo en Saltillo, Piedras Negras, Acuña y Monclova anunciaron que dejarán de publicar información sobre el crimen organizado. Ante este hecho, los medios parte del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia condenaron que por “la impunidad y la indefensión” un periódico recurra al silencio como medida de supervivencia. Exigieron al Estado “cumpla con su obligación de brindar las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información”. Demandaron a la Procuraduría estatal y a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión “una investigación expedita” para castigar a los responsables de las amenazas a Zócalo. El Consejo Editorial del rotativo anunció que “en virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, se decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado”. En su editorial, en primera plana, establece que “la decisión de suspender toda la información relacionada con el crimen organizado se fundamenta en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de mil trabajadores, sus familias y la nuestra”.
El sistema escolar también recibe su dosis de violencia:
La juez de control María Sonia López Sánchez dictó auto de vinculación a proceso a seis policías de la Secretaría de Seguridad Pública federal, por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM. La juez encabezó este sábado la audiencia de vinculación a proceso, en la cual dijo encontrar elementos para iniciar proceso penal contra los policías federales que el 5 de abril pasado fueron señalados como presuntos agresores de dos universitarios, uno de los cuales murió de un balazo. López Sánchez destacó que se presume que los seis federales incurrieron en ataque en conjunto y con ventaja calificada sobre las víctimas. Indicó que con base en las prácticas periciales aplicadas al cuerpo del joven fallecido, no hay indicios de que opuso resistencia ni que disparara un arma para defenderse, por lo que las víctimas estaban en desventaja. Los policías federales Aline Cuevas Escamilla, José Luis Osorio Elizalde, Leonardo Olivas Campos, Hugo Montejo Martínez, Luis Manuel García Jimenez y Gustavo Daniel Villegas fueron ingresados esta noche al reclusorio Juan Fernández Albarrán, ubicado en el penal de Barrientos, en calidad de indiciados
Dos estudiantes de la Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua fueron encontradas degolladas y con huellas de ataque sexual en un baldío del ejido Labor de Terrazas, en el sur de la ciudad. Elvira Saénz, directora del plantel, identificó en la morgue a Diana Arlet Mendoza Núnez, de 27 años, y a Tania Rubí Martínez Rubí, de 23, quienes cursaban el segundo semestre y salieron de clases el martes a las 22 horas.
En Morelia, Michoacán, la directora de un colegio particular y su esposo fueron asesinados este viernes en el interior de su domicilio por supuestos asaltantes, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado. La procuraduría michoacana dio a conocer que fue al filo de las 06:00 horas cuando Pilar Valerla de 48 años de edad y su esposo Benjamín Alegría fueron localizados sin vida. La pareja presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo mismos que les ocasionaron la muerte. En tanto, la vivienda ubicada en la colonia Fray Antonio de San Miguel se encontraba en completo desorden por lo que la principal línea de investigación al momento es el robo. Cabe hacer mención que en 2007, José Álvarez fundador del mismo colegio privado también fue asesinado junto a su hijo José Álvarez Andaluz luego de haber sido secuestrados.
Mientras tanto, el gobierno federal presenta un programa de vivienda para los policías que todavía están vivos:
El gobierno federal presenta el Programa Nacional de Vivienda para Elementos de Seguridad Pública. A través de este programa se inició la construcción de 400 casas para agentes de seguridad y la remodelación de otras mil casas. Se trata de casas de 45 y 77 metros cuadrados, con dos recámaras con un costo de 150 y 180 mil pesos respectivamente. El director de la sociedad hipotecaria federal, Jesús Alberto Cano, en el país hay un rezago de vivienda de 180 mil policías y en mayo y junio, su dependencia firmará convenios con 17 estados de la república para trabajar en la construcción y remodelación de las viviendas de los policías.
La realidad es simple y no es esperanzadora. Durante muchos años la sociedad mexicana ha apostado por cerrar los ojos, los oídos y la boca. Vive felizmente en la ignorancia. El problema es que el mundo no está interesado en proteger a los ciudadanos mexicanos. La sociedad mexicana tiene que encontrar su propio camino y decidir enfrentar la realidad para intentar cambiarla.
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