La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) no retiró armas de fuego ni objetos de procedencia ilícita a los estudiantes revisados durante los operativos Mochila Segura, en la ciudad de México, de enero de 2013 a mayo de 2014. Por el contrario, con efectivos policiacos, la Unidad de Seguridad Escolar (USE) logró el resguardo de perfumes, desodorantes, tijeras, marcadores, cosméticos, medicamentos y cigarros. La USE, unidad encargada de resguardar la seguridad de los adolescentes dentro y fuera de las escuelas, destinó a más de 75% de los elementos que la conforman (724), para incautar en su mayoría, objetos de aseo personal. De acuerdo con la SSPDF, 157 mil 99 alumnos fueron beneficiados en 2013 y 2014 con el programa. A través de 156 actividades en lo que va del año, la dependencia realizó 169 operativos, de los cuales, 166 se reportaron “sin novedad”. Sólo en tres instituciones la USE retiró dos navajas, un gas pimienta y una cadena metálica. Al consultar al líder de proyectos de la USE, Israel Espejel Cuevas, dijo que la dependencia a cargo de Adalberta Narcisa Peláez, “calificó en primera instancia la información como clasificada” y posteriormente liberó las bases de datos.
No se comprende el objetivo de tales operativos cuando en realidad la inseguridad se vive en la mayoría de las ciudades mexicanas. Esta situación responde a grandes problemas que la sociedad mexicana no ha resuelto: la pobreza, la corrupción, el no cumplimiento de las leyes, la baja productividad laboral, el desempleo crónico de los jóvenes, los bajos niveles educativos, etc.
Al menos 72 de cada 100 mexicanos mayores de edad temen vivir en una ciudad, por los niveles alcanzados por la delincuencia y la inseguridad, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los resultados representaron un incremento de casi 6.5 por ciento respecto del levantamiento de opinión realizado en diciembre de 2013, cuando 68 de cada 100 habitantes habían declarado que vivir en una ciudad era inseguro. De diciembre del año pasado a marzo de 2014, la población de 18 años y más que reside en las ciudades objeto del estudio manifestó que en los últimos tres meses ha escuchado o ha visto en los alrededores de su vivienda situaciones como consumo de alcohol en las calles (69 por ciento), robos o asaltos (66.4 por ciento), vandalismo (56.5 por ciento) y venta o consumo de drogas (40.2 por ciento), dijo el Inegi.
El pleno del Congreso de Sinaloa aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que prohíben a los medios de comunicación el acceso a zonas donde se hayan cometido delitos, así como tomar videos, audio o fotos a involucrados. Los cambios, propuestos por el gobernador Mario López Valdez, señalan que los periodistas sólo podrán recibir boletines emitidos por la Unidad de Acceso a la Información Pública y autorizados por el titular de la PGJE,siempre que se cumplan los requisitos marcados por las leyes de transparencia, dice el artículo 51 bis. Agrega que en ningún caso se autorizará a los reporteros manejar u obtener por cuenta propia información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia. Otro apartado del artículo citado señala que ningún funcionario de la PGJE podrá dar a los medios información sobre hechos delictivos sin autorización del procurador. Sólo la víctima u ofendido, por conducto de su asesor jurídico, y el imputado, por medio de su defensor, podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de ésta, se acotó. La iniciativa fue enviada por el gobernador.Y dos semanas después los legisladores le dieron lectura y la aprobaron por unanimidad, sin un solo cuestionamiento. Las modificaciones, se dijo, buscan adecuar la ley local a las nuevas disposiciones penales federales. El artículo aprobado dice textualmente: “Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia. “En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.
Mientras los gobiernos mexicanos tratan de seguir tapando el sol con un dedo, la violencia tiene consecuencias dentro del sistema educativo mexicano:
Debido a las condiciones de violencia en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, la tasa de deserción de los instructores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) fue hasta de 40 por ciento, reconoció la directora el organismo, Alma Carolina Viggiano Austria. Por si fuera poco también dijo que en entidades del sureste del país, donde se concentra la mayor parte de la población escolar atendida por el Conafe, los jóvenes instructores pasan hambre, pues entre las causas identificadas por las que abandonan la labor docente se incluye la falta de un espacio digno para vivir en las comunidades donde son asignados, carencia de alimentación adecuada y condiciones de aislamiento que los obligan a transitar a pie o con muchas dificultades.
La actividad académica y de investigación se ha modificado en Michoacán a consecuencia de la inseguridad provocada por el crimen organizado. Alberto Ken Oyama Nakagawa, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de Morelia de la UNAM, aseguró han adoptado una estrategia de seguridad para no exponer a los estudiantes. “Nos ponemos de acuerdo con las autoridades para visitar la zona, seguimos haciendo las investigaciones no con la intensidad que quisiéramos, en todo lo que es Tierra Caliente desde el año pasado dejamos de asistir”. En tanto, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Salvador Jara, aceptó que la frecuencia de visitas a zonas en conflicto ha disminuido, pero no ha parado. Reconoce que ha habido secuestros exprés y asaltos. Ken Oyama Nakagawa aseguró que también han identificado que el fenómeno han llegado a estudiantes de zonas en conflicto, lo que implica, dicen, que salen de sus zonas en busca de seguridad.
El diputado federal panista Germán Pacheco Díaz solicitó al gobierno de Tamaulipas suspender las clases hasta que se recupere la paz en la región que comprenden los municipios de Altamira, Madero y Tampico. Los ajustes de cuentas del cártel del Golfo ocurren desde hace más de 20 días.
La inseguridad no se resolverá solo con más policías, es un problema global de la sociedad mexicana que se vincula con la economía, el sistema político, la corrupción, los bajos niveles educativos, la baja calidad educativa, entre otros. En todos estos sistemas lo que le da sustento son las creencias de la sociedad mexicana, mientras no cambien estas creencias no cambiará la situación actual.
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