La apariencia, creencia religiosa, preferencias sexuales, la clase social o el color de la piel determinan los niveles de aceptación social y evidencian a los mexicanos como una comunidad que discrimina con facilidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Prácticas Ciudadanas 2012 (Encup 2012) –estudio de opinión pública creado como parte del programa especial para el fomento de la cultura democrática por la Secretaría de Gobernación–, 88 por ciento de los mexicanos toma en cuenta la clase social y las preferencias sexuales como limitante para relacionarse con sus semejantes. Al preguntarles en este ejercicio: Usted diría que en México se discrimina por..., cerca de 4 mil encuestados refirieron en 83 por ciento que se discrimina por la edad o la apariencia. Setenta y seis por ciento lo hace por el color de la piel o por creencias religiosas y 74 por ciento por preferencias políticas. A otra interrogante: “Imaginemos que usted va a rentar un cuarto en su casa, ¿usted aceptaría o no aceptaría que (…) viviera en su casa?”, 57 por ciento respondió que aceptaría a una persona enferma de sida, 61 por ciento a alguien con tatuajes y 65 por ciento a una persona homosexual. En otra parte de la encuesta, relativa a la participación ciudadana en organizaciones civiles y sociales se redujo en más de 10 puntos al pasar de 46.6 a 35 por ciento la percepción de que era difícil organizarse con otros ciudadanos para trabajar en una causa común, mientras quienes en 2003 consideraban que era fácil esa organización pasaron de 26 a casi 34 por ciento, tendencia que coincide con otro apartado del estudio que refiere que el gobierno no es el único responsable de resolver la situación del país y que esta obligación la comparte la sociedad civil.
Los derechos de los niños y los derechos humanos en las escuelas son un tópico o una lectura académica, pero no se entiende que tienen que respetarse para ser útiles y formar un tipo de cultura más democrática. Las escuelas siguen el viejo modelo del arcaico régimen postrevolucionario; tratar a los estudiantes como delincuentes:
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz inició una investigación de oficio contra la directora del plantel público de bachillerato Francisco del Paso y Troncoso –en el puerto de Veracruz–, porque atentó contra la intimidad de varias estudiantes, a quienes obligó a desnudarse el 27 de septiembre por considerarlas sospechosas de robar un teléfono celular. Alrededor de 30 padres de familia y maestros se manifestaron frente a las oficinas de la SEV para exigir la destitución de Ana maría Armengual. Relataron que el 27 de septiembre, luego que un alumno reportó el robo del teléfono, Armengual Cadena obligó a un grupo de alumnas a entrar al baño de mujeres, les quitó la ropa y las palpó.
Y es hasta el siglo XXI que los gobiernos mexicanos se dan cuenta de que el trabajo de la policía no es un trabajo para desertores de la educación básica, ni para personas que no les gusta aprender, ni para personas obedientes (las más peligrosas). La policía del siglo XXI debe defender la democracia, los derechos humanos y las garantías individuales de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, los estándares educativos de la policía deberían ser mucho más altos que la media educativa nacional:
Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) fueron reconocidos con el grado de suboficiales al obtener su título profesional como licenciados en derecho. La entrega de los ocho nombramientos estuvo a cargo ayer de Manuel Mondragón y Kalb, titular de la SSP-DF. Los policías se sumarán al área encargada de proporcionar al cuerpo policial una “asistencia jurídica profesional y oportuna, con altos estándares de eficiencia y eficacia”.
Apenas en el siglo XXI se entrega una cartilla de procedimientos para las detenciones:
El gobierno federal presentó un programa de capacitación rápida para policías y agentes del Ministerio Público federales, a fin de que no cometan errores o violaciones al debido proceso que trunquen la justicia. La Secretaría de Gobernación presentó una cartilla que deberán usar policías y agentes ministeriales con presuntos delincuentes, desde su aprehensión hasta el proceso penal. Este sistema contribuye a que las fallas de procedimiento no sean un obstáculo para que el Poder Judicial determine la situación de una persona:
“1. Usted se encuentra detenido (a) por los siguientes motivos (se especificarán cuáles).
2. Usted es considerado (a) inocente, hasta que se le demuestre lo contrario
3. Tiene derecho a declarar o guardar silencio.
4. En caso de decidir declarar, tiene derecho a no inculparse.
5. Tiene derecho a un defensor de su elección; en caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita.
6. Tiene derecho a un traductor o intérprete.
7. Tiene derecho a que se le ponga en conocimiento de un familiar –o persona que desee– los motivos de su detención y el lugar de custodia en el que se halle en cada momento.
8. Tiene derecho a ser puesto (a), sin demora, a disposición de la autoridad competente.
9. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención.”
El gran problema del autoritarismo es que demanda a personas obedientes (como los canes o elefantes amaestrados) no personas libres, críticas y autónomas. Y los gobernantes desean tener en sus manos a miles de policías o militares obedientes para poder realizar las barbaridades que deseen. Esto es inadmisible en una democracia plena y completa.
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