Dirigentes de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa consideraron un triunfo del movimiento estudiantil y social de la entidad el dictamen que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) difundió sobre la represión contra alumnos de ese plantel, durante el desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, en el que dos estudiantes fueron ultimados. Fijaron de plazo hasta el final del periodo vacacional de Semana Santa para que el gobierno de Guerrero cumpla con dichas recomendaciones. Exigieron que se sancione a funcionarios del gobierno estatal, entre ellos la secretaria de Educación, Silvia Romero, y el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado.
Aunque el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa aporta algunos elementos positivos, no pide la consignación de ningún alto funcionario ni determina si es viable la petición de juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre, por lo que todavía puede ser ampliada y mejorada, señalaron activistas de organizaciones sociales. Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, destacó que los resultados de las indagatorias brindaron algunos avances importantes, pero señaló que todavía hay muchos huecos con respecto a la autoría intelectual de los decesos y a la responsabilidad que puedan tener las autoridades estatales. Estas recomendaciones son más de carácter moral, y hasta que no se cumplan veremos si realmente se aplica rigurosamente la ley. Además, nos preocupa que Aguirre diga que las toma como observaciones, cuando, por el carácter que hoy tiene la CNDH para investigar violaciones graves a los derechos humanos, tienen un carácter vinculante, subrayó. Por ello, y a reserva de emprender un análisis más detallado, el activista consideró que el informe representa un avance a medias y no del todo satisfactorio, ya que a su entender aún no sientan las bases para que los más altos funcionarios de Guerrero puedan ser castigados, por lo que llamó a ampliar y mejorar sus conclusiones.
Sin embargo, se levantan órdenes para apresar a 11 estudiantes que participaron en la trifulca:
El Juzgado Primero de Distrito liberó 11 órdenes de aprehensión contra igual número de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, por el delito de ataques a las vías generales de comunicación cometido el 12 de diciembre de 2011. Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CMDB) dio a conocer que Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la acción penal en contra de los normalistas por el bloqueo que realizaron minutos antes de que los desalojaran a balazos. "Tenemos conocimiento de que hay órdenes de aprehensión, por ataques a las vías generales de comunicación en contra de algunos normalistas; acción que apunta más a la criminalización de los estudiantes, que al esclarecimiento pleno del caso", advirtió el abogado del CDM. Dijo que las órdenes de aprehensión pesan al menos contra once estudiantes de la Normal, lo que calificó como una incongruencia, pues es evidente que la parte agredida fueron los jóvenes que ese día perdieron a dos de sus compañeros.
¿Se fincarán responsabilidades? ¿Seguirá el autoritarismo ignorando los derechos humanos? ¿Hay alguna solución inteligente al asunto?
1 comentario:
Muy interesante la página en general, Felicidades por ello.
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