Luego de que la juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Martha Estrever Escamilla, resolviera vincular al Estado mexicano y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) como responsables solidarios para la reparación del daño causado a 15 niños de los que abusaron sexualmente en un kínder de Iztapalapa, la dependencia pidió que se decrete “improcedente” dicha obligación. Enrique Díaz Palacios, subdirector de Procesos Jurídicos de la SEP, respondió a la juzgadora que no se ha comprobado “que se llevó a cabo una conducta ilícita, ni mucho menos demuestra que ésta produjo directamente un daño”, esto, a pesar de los testimonios de 15 niños que relataron como fueron vejados por personal contratado por la dependencia federal adscrito al jardín de niños Andrés Oscoy Rodríguez, ubicado en Iztapalapa, ciudad de México. En su respuesta fechada el 29 de febrero pasado, la SEP añade que para obligarse a la reparación del daño primero debe ser escuchada y “vencida” en juicio. Al respecto, el doctor y especialista en Derecho Penal del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Daniel Márquez, explicó que si bien a la SEP no se le puede imputar una conducta penal, si habría incurrido en faltas derivadas de una actividad administrativa irregular.
Según la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los Derechos Humanos y los Derechos del Niño, ¿A quién debería proteger en primera instancia la SEP? ¿A los niños y las niñas o a los burócratas sindicalizados? Parece que las apariencias y los privilegios de algunos adultos es más importante que los niños y las niñas de México.
1 comentario:
Por simple ética, la SEP no puede dar ese tipo de respuestas, el daño en el caso de los niños debe ser reparado y atacado de inmediato, el castigo es otra cosa, podría ser un caso a ventilarse en tribunales, en tanto, procede no sólo reparar el daño, también proteger a otros niños tomando las máximas medidas preventivas adecuadas y pertinentes. Este caso no puede ventilarse como un caso simple de corrupción, están presentes los Intereses Superiores de los Niños consagrados desde los protocolos de la ONU y suscritos por México, además de la última reforma sobre Derechos Humanos (Derechos Fundamentales) en México que los hace obligatorios ante nuestras autoridades educativas.
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