Por fin, el gobierno federal envía la iniciativa para cambiar las leyes con base a los cambios en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, recientemente modificada. Con esta iniciativa se observan las acciones y condiciones de operación del sistema de educación básica. Las nuevas leyes plantean lo sabido por varios años. Se siguen las mismas políticas de Estado seguidas en los últimos 40 años, nada novedoso:
El gobierno federal envió al Congreso de la Unión un paquete de nuevas leyes educativas para reducir al mínimo el poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sobre las decisiones del sistema de enseñanza nacional. Las iniciativas de leyes secundarias para la reforma educativa, presentadas por el Ejecutivo federal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, establecen un cambio en el régimen jurídico y laboral de maestros, directores y supervisores, desde preescolar hasta bachillerato. Propone que ninguno de los maestros que actualmente ocupan una plaza definitiva perderá su empleo, pero advierte que los docentes que se nieguen a la evaluación serán despedidos.Quienes ocupan una plaza provisional también estarán sujetos, al igual que los nuevos maestros, a tres oportunidades para quedarse a trabajar, a partir de evaluaciones anuales.
La iniciativa del gobierno pone fin a los comisionados sindicales, que cobran por plazas docentes sin cumplir su labor frente a grupo, crea un candado para evitar paros magisteriales sin justificación laboral y castiga la venta y “herencia” de plazas.
Regula las cuotas escolares voluntarias, las cuales, reitera, no son obligatorias, pero estarán sujetas a la transparencia.
En la Ley General del Servicio Profesional Docente se establece que el sindicato no tendrá la facultad para interferir en el ingreso y permanencia de los maestros.
El gobierno busca limitar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a la defensa laboral de sus agremiados sin interferir en los procesos de ingreso, permanencia, comisiones, asesorías, ascensos y permisos, que corresponden sólo a las autoridades educativas.
Plantea facultar a los directivos de escuelas a pedir la sustitución de un maestro si no encaja en el perfil, y considera el despedir a los supervisores que no se excusen cuando incurran en conflicto de intereses. Ordena que todo el personal que cumpla asesoría técnica pedagógica tendrá que regresar a sus horas frente al grupo y comenzar de cero el proceso para ocupar esas plazas, mediante concurso y evaluación; además, todo los supervisores y directivos que carezcan del perfil o no realicen esas labores deben retornar a la docencia.
Advierte también que “las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión no educativa tendrán que separarse del Servicio Profesional Docente, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.
Precisa que ninguno de los maestros con plaza definitiva que actualmente trabaja será afectado en sus derechos; incluso si no aprueba las evaluaciones serán adscritos a otras áreas.
También advierte que el personal con nombramiento provisional tendrá que someterse a las nuevas reglas de evaluación y capacitación. De negarse, se aplicará el despido.
La iniciativa plantea en varios artículos que “será nula de pleno derecho y, en consecuencia, no sufrirá efecto alguno sin necesidad de declaración judicial, toda forma de ingreso (promoción) distinta a lo establecido en este capítulo.
“Quienes se beneficien, participen, autoricen, efectúen algún pago o algún otro tipo de contraprestaciones en relación con ello, incurrirá en responsabilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes. La nulidad de pleno derecho a que se requiere este artículo será oportunamente notificada al personal de que se trate por quien realice las funciones de administración de recursos humanos”.
El cambio de estas leyes es oneroso:
Las tres leyes reglamentarias con las que se pretende echar a andar la reforma educativa tendrán un costo promedio de 28 mil millones de pesos, de acuerdo con el proyecto de impacto presupuestal elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), es decir, casi el doble del presupuesto anual que se debería destinar al crecimiento de la cobertura en educación superior.
Un eje central en las normas del Servicio Profesional Docente, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y la reforma a la Ley General de Educación (LGE), es la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE).
Su organización y aplicación estará a cargo del INEE, no de la dependencia federal, y para el nuevo organismo se contemplan nuevas facultades, entre ellas diseñar las evaluaciones de docentes y alumnos, así como un sistema de indicadores educativos. Asimismo, se faculta al INEE para determinar los niveles mínimos para el ejercicio de la docencia y las funciones de dirección y supervisión en la educación básica y normal, a fin de buscar su idoneidad.
El instituto deberá presentar un informe anual ante el Congreso de la Unión sobre el estado que guarda el sistema educativo nacional.
Esta iniciativa provoca las reacciones de la CNTE, mientras que el líder vitalicio del SNTE guarda sepulcral silencio:
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) consideró un acto de traición del gobierno federal que no se hayan incluido las propuestas emanadas de los foros que realizó el magisterio disidente sobre las leyes secundarias, luego que éstas fueran turnadas a comisiones..
Entre las primeras reacciones de los docentes estuvo la convocatoria a una marcha y cerco a la sede del Senado, donde permanecieron poco más de cinco horas, lo que impidió el ingreso y salida de personal, legisladores, e incluso, diplomáticos que acudieron a la cámara.
Los legisladores exponen algunos puntos de vista sobre la iniciativa y resaltan que esta iniciativa es para el futuro, todos los que están se mantendrán quizá hasta que se jubilen, haiga sido como haiga sido:
Los legisladores Romero Hicks y De la Vega Membrillo dijeron que habrá mecanismos alternos que garanticen el empleo a los maestros, aunque no tengan los suficientes conocimientos. En la propuesta del gobierno federal se promete ese privilegio únicamente a los docentes con plaza definitiva, ya que se establece que sólo los maestros que actualmente cuentan con una plaza definitiva tienen el privilegio de mantener sus lugares, a pesar de no aprobar las evaluaciones, pero aclara que los profesores con nombramiento provisional y de nuevo ingreso serán despedidos si no acreditan la evaluación o se niegan a someterse a ella.
Jorge de la Vega Membrillo, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos en San Lázaro, expresó que debe cuidarse la fuente de empleo de los maestros, aunque no acrediten las evaluaciones.
“Si algunos ya compraron una plaza y están ahora, hay que someterlos. Perdón por el término, pero hay que someterlos a un proceso de capacitación intensa y continua, porque ya están ahí y tienen derechos. Hay que hacerlo. Y después de la evaluación si no están aptos hay que sacarlos del aula y hay que ubicarlos en un espacio donde desarrollen su trabajo”.
Las opiniones de los especialistas es diversa:
Especialistas en el tema alertaron que las iniciativas de leyes secundarias de la reforma educativa, presentadas el pasado miércoles a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tienen como claro objetivo establecer un férreo control del docente y ponerlo como único responsable del desastre educativo.
Investigadores de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) destacaron que muchas de las demandas de organizaciones empresariales, como Mexicanos Primero, están incluidas, entre ellas establecer una profunda fiscalización del maestro y erradicar toda injerencia del gremio magisterial en la agenda educativa.
En contraste, Marisol Silva, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana (Uia), afirmó que las nuevas normas cumplen con el ofrecimiento y compromiso de no desarrollar procesos punitivos, sino centrar la evaluación con miras a reforzar la calidad.
Los docentes irrumpen en la Cámara de Diputados con el saldo de varios cráneos partidos, gritos y sombrerazos:
Varios granaderos lesionados, tres vehículos dañados y un número indeterminado de maestros detenidos fue el saldo de la irrupción y desalojo de las instalaciones de la Cámara de Diputado.
Los granaderos lesionados fueron atendidos por tres ambulancias en el lugar. Una comisión de maestros logró ingresar con el objetivo de tener un encuentro con el presidente de la Comisión de Educación, el perredista, Jorge Federico de la Vega Membrillo, quien los recibió en sus oficinas; mientras que la Comisión legislativa sesionaba, para aprobar las leyes reglamentarias respectivas.
Más de un centenar de maestros encabezados por Rubén Núñez, secretario general de la Sección XXII de Oaxaca, que habían llegado a San Lázaro desde la tarde de ayer ingresaron por el acceso 2 del complejo legislativo, en medio de gritos y armados con palos.
El ingreso de los mentores provocó que se aplicara un operativo donde participaron más de un centenar de granaderos. Las puertas de acceso de los edificios que albergan las instalaciones fueron cerradas como medida de precaución.
Y se presentan denuncias:
La Cámara de Diputados presentó dos denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal –una por el allanamiento al inmueble y los daños provocados, y otra por lesiones a seis policías– en contra de los maestros que la noche del lunes irrumpieron en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Y se realiza un megaplantón en el zócalo del DF:
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ocuparon toda la plancha del Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Cerca de 20 mil maestros de la sección 22 de Oaxaca, la sección 9 del DF, así como maestros de Michoacán, Guerrero y Chiapas, ocuparon las instalaciones los "Guardianes Urbanos". También tomaron las dos salas del Cine Volador.
En operación hormiga, los inconformes fueron colocando plásticos en las diferentes entradas, ocuparon el interior de estas instalaciones y arrancaron los pisos y mobiliarios de ambas carpas.
El viejo régimen tuvo que terminar lo que intentaron los gobiernos del PAN pasados. A diferencia del PAN que intentó ser más priísta que el propio PRI, negociando con el SNTE; el viejo régimen utiliza sus artimañas para controlar al SNTE y seguir esta extraña relación de amor-odio entre el gobierno federal y el SNTE.
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