Como es común cada nuevo gobierno federal tiene sus esperanzas en crear un nuevo esquema fiscal en un país que tiene altos índices de corrupción y evasión fiscal. Cada seis años los políticos se frotan las manos esperando encontrar la fórmula mágica de engañar a los evasores y corruptos y estos últimos encuentran ingeniosas formas de engañar al gobierno federal. Un círculo vicioso que data desde la creación del Virreynato de la Nueva España.
En esta ocasión, el gobierno en turno busca crear un nuevo esquema de régimen fiscal, denominado CETU. Este nuevo esquema busca cobrar impuestos a las instituciones educativas que pertenecen a particulares.
Uno de los criterios más importantes en el desarrollo de las naciones modernas fue el considerar a la educación como un bien público. El impulso de la educación pública permitió a los gobiernos crear una infraestuctura para el desarrollo de la ciencia y la tecnología actual. Sin embargo, en tiempos recientes aprovechando el discurso neoliberal muchos gobiernos, especialmente los latinoamericanos, han limitado la inversión pública en la educación. Según este discurso los particulares deberían tener una participación más importante. Para el caso mexicano la educación privada parece ser una nueva estrategia para cobrar impuestos. Las universidades privadas han declarado que en caso de que se aplique el CETU aumentarán las colegiaturas. Además han anunciado que los primeros rubros afectados en las universidades serán las becas ofrecidas y la investigación (un caso extraño ya que la gran mayoría de las univeridades privadas mexicanas no se distinguen por el apoyo y fomento a la investigación). Sin embargo, sin nuevos impuestos el Banco de México muestra datos de que han aumentado las colegiaturas de las escuelas primarias y secundarias privadas hasta un 100% desde el año 2000. Según algunas versiones una de las bondades del CETU será regular a las llamadas "escuelas patito", aunque no se explica la manera en cómo el cobrar impuestos será una estrategia que garantice una alta calidad educativa.
Estas peregrinas discusiones en los medios contrastan con las marchas realizadas por miles de jóvenes que no alcanzaron un sitio en las principales universidades públicas. Las autoridades de una manera no muy amable ofrecen una estancia en las cárceles a estos jóvenes en lugar de un espacio alternativo para continuar sus estudios superiores.
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