Un mes después el Senado de la República emite una postura sobre la situación internacional:
A casi un mes del ataque del ejército colombiano a un sitio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el que perecieron cuatro estudiantes mexicanos, el Senado lamentó el hecho y demandó al gobierno federal que condene lo ocurrido, exija que se aceleren las investigaciones y promueva, de ser posible, la reparación del daño. Pero también condenó enérgicamente la violación sistemática de los derechos humanos por parte de la guerrilla y le exigió la pronta libertad de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
Los universitarios regresan:
Los padres de los universitarios que perdieron la vida en Ecuador durante el ataque del ejército colombiano en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continuarán en la lucha “para que el asesinato de nuestros hijos no quede impune”, aseguró Rita del Castillo, madre de Juan González. Tras regresar de Ecuador, comentaron que la primera acción que emprenderán será participar en una marcha por varias facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde alumnos rendirán un homenaje a sus compañeros fallecidos.
Acompañados de decenas de personas que portaban claveles blancos, mantas y figuras de palomas blancas, los restos de los tres egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que perdieron la vida durante el ataque del ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador, pasearon por última vez por su alma máter.
Desconfían de la democracia representativa, el sistema electoral, los partidos políticos, la “izquierda institucional”, los medios de comunicación… Se identifican como activistas de tiempo completo, comprometidos con el pueblo, la lucha revolucionaria, el cambio desde la raíz. Por eso se asumen radicales al cobijo de sus ideologías: diversas y convergentes en el espacio que comparten: la Universidad Nacional Autónoma de México. Son estudiantes organizados en colectivos, grupos, brigadas y comités que se han hecho de cubículos en casi todas las facultades de la UNAM, donde algunos combinan la acción política con las actividades culturales y, en algunos casos, la venta de café, dulces, cigarros y comida. Para apoyar sus actividad, explican, porque nadie los financia ni de nadie reciben apoyo, aunque sí deben entregar a las autoridades universitarias un informe semestral de las actividades que llevarán a cabo, afirman.
Mientras, el gobierno federal navega en las aguas profundas de la guerra al terrorismo impulsado por los intereses de algunos grupos de EU:
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, demandó ante la Procuraduría General de la República (PGR) a los doce mexicanos que participaron en el II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, por los delitos de delincuencia organizada en su modalidad de terrorismo internacional y apología del delito. La acusación hecha ayer se agrava para Lucía Andrea Morett Álvarez y Mario Dagoberto Díaz Orgaz, ya que se les acusa de ocupar “posiciones directivas de la organización terrorista (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), según lo establecido por las Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”. En su denuncia de hechos, el abogado sostiene que Morett sobreviviente del ataque colombiano a un campamento de las FARC en Ecuador es el principal vínculo de esa guerrilla en México desde 2003, gracias a la confianza que se ganó de Olga Marín, hija de Manuel Marulanda, alias Tirofijo, el número uno del grupo colombiano
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