La titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, ratificó su compromiso de “apego irrestricto a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas”, tras darse a conocer el informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2006, que señala a esa dependencia federal como la instancia que presenta mayores inconsistencias en el manejo de los recursos públicos, con un monto de 7 mil 569 millones de pesos.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF), en su informe de la cuenta pública 2006, revela que las acciones impulsadas en materia de capacitación y actualización del magisterio no sólo incumplen la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, al no proporcionar elementos que permitan una “evaluación eficaz” de las acciones de capacitación docente, sino que sus resultados “no se reflejan en un mejor aprovechamiento escolar de los alumnos”, ante los bajos resultados obtenidos en la prueba Enlace y en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés).
Entre las irregularidades detectadas por la ASF destaca que, en 2006, de un millón 195 mil 453 docentes y directivos de educación básica, sólo 30.3 por ciento, es decir, 362 mil 631 profesores, se inscribió al Examen Nacional para Maestros en Servicio –cuya venta ilegal documentó La Jornada en diciembre pasado–, de los cuales cerca de la mitad –124 mil 549– lo reprobaron, y advierte que al concluir el año, del total de docentes y directivos de educación básica, “sólo 26.7 por ciento había acreditado sus conocimientos mediante estos exámenes, mientras que 73.3 por ciento restante aún no lo ha hecho”.
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