Este año el Programa de Escuelas de Tiempo Completo tiene asignado un presupuesto de 507 millones 305 mil pesos. Sin embargo, su aplicación está detenida prácticamente en todo el país. De acuerdo con la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE), dentro de tres años este programa deberá aplicarse en cinco mil planteles; pero de 2007 a la fecha sólo se ha adoptado en mil 236 escuelas; es decir, sólo se aplica en 24 por ciento de la meta. Al gobierno federal le restan tres años para incorporar al programa a más de tres mil 700 escuelas, si realmente quiere cumplir la meta. Excepto en Michoacán y Querétaro, estados que declinaron su participación en este programa, en las 30 entidades federativas restantes tendría que aumentarse el número de escuelas de tiempo completo, pero su incorporación se ha visto obstaculizada porque las autoridades educativas no están interesadas en aplicar este sistema. Según fuentes de la SEP, en algunas entidades federativas se ha detenido el proyecto porque los maestros no están dispuestos a trabajar con este esquema, debido a que esto implicaría que renunciaran a plazas que suelen tener en planteles diferentes.
Mientras no se cambien las condiciones estructurales, las promesas del gobierno federal actual y de los futuros simplemente se las llevará el viento, costando mucho dinero y capital humano. El problema de atacar las condiciones estructurales radica en que no son bien recibidas por nadie en el corto plazo, pero si nadie las realiza seguiremos con un sistema educativo de muy baja calidad.
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