Los medios no han publicado notas recientes (¿silenciado?) sobre los programas que utilizan el antidoping en niños y niñas en las escuelas públicas. No se han presentado resultados ni evaluaciones de la efectividad de los programas. Pero, existen diversas propuestas para realizar pruebas antidoping en adultos:
La gobernadora en Yucatán, Ivonne Ortega, prevé realizar exámenes antidoping a funcionarios y trabajadores de las dependencias públicas para evitar la infiltración de los cárteles del narcotráfico en las instituciones gubernamentales.
De acuerdo con el Código Electoral recién aprobado en la Asamblea Legislativa del D.F., ahora será obligatorio que los candidatos a un puesto de elección popular se sometan a una prueba antidoping, medida que carece del consenso dentro de la clase política capitalina (nótese el uso de la palabra "clase"). Para el presidente del PRD del DF, la medida es legal, pero no es un instrumento adecuado para medir la capacidad o ideología de un candidato.
Parece que una medida aplaudida por las familias y autoridades educativas no es de sumo agrado a los políticos. Supongo que si avanzan estas propuestas tarde o temprano comenzarán los reclamos por la violación de los derechos humanos (de los adultos; los niños y las niñas pueden esperar a crecer para adquirir derechos).
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