Dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa muertos, 18 detenidos y varios automovilistas heridos, fue el saldo de un enfrentamiento entre normalistas y elementos de la Policía Investigadora Ministerial. Los hechos se registraron cuando los normalistas prendieron fuego a la gasolinera Parador del Marqués, ubicada sobre la Autopista del Sol, en la zona sur de Chilpancingo. Versiones policiacas señalan que se lanzaron disparos al aire para evitar que se continuara con la destrucción de la gasolinera; pero el enfrentamiento conitinuó hasta disolver la manifestación.
Como ocurre siempre en estos casos el gobierno estatal afirma que no tuvo nada que ver con la muerte de estos jóvenes. Ya que según las versiones de los funcionarios los agentes no portaban armas (cosa que es una mentira gracias a todas las fotos y videos que circulan por internet). Acusa a grupos anónimos de generar inestabilidad en el estado, y atrapa a un estudiante para acusarlo de portar armas de alto calibre:
El gobierno del estado lamentó los hechos y deslindó a las corporaciones policiacas locales de ser las responsables de la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El procurador General de Justicia del Estado, Alberto López Rosas, aseguró que los cuerpos de los dos estudiantes asesinados presentaban impactos de arma de fuego calibre AK- 47, calibre que dijo, no corresponde al permitido que manejen las corporaciones policiacas de los estados y municipios. Detalló que el saldo del enfrentamiento fue de dos muertos, siete heridos y 24 detenidos, entre ellos Gerardo N, de 19 años, originario de Acapulco a quien se le aseguró el arma de alto poder y diversas municiones. López Rosas no descartó la posibilidad de que en este enfrentamiento se hayan involucrado grupos civiles ajenos al gobierno del estado y a los normalistas, con la intención de generar inestabilidad social en el estado. Puntualizó que los elementos de la Policía del estado y de la Investigadora Ministerial acudieron desarmados al llamado de auxilio del propietario de la gasolinera Parador del Marqués, la cual ya había sido incendiada por los normalistas con bombas Molotov. Confirmó que los muertos son Jorge Alexis Herrera Pino, de 23 años, originario del municipio de Atoyac de Álvarez, y Gabriel Echeverría de Jesús, del municipio de Pixtla, lugar donde se encuentra ubicada la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Pero, en un mundo en donde twitter, los blogs, el video, y las cámaras digitales presentan el mundo de manera descarnada. Se difunde la noticia de que es un montaje oficial para acusar a los estudiantes, y se libera al estudiante acusado:
Fue liberado Gerardo Torres Pérez, estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, a quien la Procuraduría General de Justicia de Guerrero pretendió vincular con el uso de un rifle AK-47 durante el desalojo policiaco violento en la Autopista del Sol. El normalista narró que los policías lo detuvieron durante el operativo de desalojo y que más tarde federales y ministeriales lo golpearon y llevaron hasta un lote baldío, donde lo obligaron a disparar el rifle AK-47. Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre un montaje que la procuraduría del estado estaba armando para implicar a un estudiante. Manuel Olivares, de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, informó que un joven estaba siendo sometido a torturas en las instalaciones policiacas, y que la pretensión era encontrar un chivo expiatorio que les permitiera responsabilizar a los normalistas de iniciar los disparos durante el desalojo implementado por las policías Federal y estatal.
Caen los primeros funcionarios del gobierno de Guerrero:
Ramón Almonte Borjas, secretario de Seguridad Pública estatal, Alberto López Rosas, procurador, y el subsecretario Ramón Arreola, serán relevados de sus cargos luego de los incidentes ocurridos en el municipio de Chilpancingo, donde dos estudiantes murieron tras enfrentarse con autoridades ministeriales. El gobernador de Guerrero, Angel Aguirre señaló que los tres funcionarios han sido destituidos. Como secretario de Seguridad Pública queda Humberto Calvo, quien se desempeñaba como subsecretario de Protección Civil del estado; en lugar del procurador Alberto López queda Alejandro Fernández Paz y Fuentes, y en el lugar del general Ramón Arreola queda el subsecretario operativo de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez, coordinador de la Policía Estatal en Acapulco, informó el vocero del Gobierno, Arturo Martínez.
Y comienzan los reclamos para que el "neo Ulises Ruíz" deje la gobernatura del estado. De una manera menos dramática comenzó el estallido social en Oaxaca. Pero, las acciones del gobierno de Guerrero son como un cartabón en donde la ignorancia, la falta de sentido común, el desprecio por los derechos humanos y las ínfulas virreynales siguen vigentes:
Alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, líderes magisteriales e integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Guerrero realizaron una marcha silenciosa por esta ciudad en repudio por el asesinato de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, durante el violento desalojo policiaco ocurrido el lunes, y en demanda de castigo para los responsables. Guerrero no puede ser gobernado por un criminal como lo es Ángel Aguirre Rivero, por tanto pedimos su salida del gobierno, exigimos su destitución, que se vaya del estado. El es de los que matan al pueblo, él no es como Zeferino (Torreblanca), que golpeaba; él es un asesino, dijo uno de los dirigentes estudiantiles de ese plantel al término de la protesta, frente a palacio de gobierno. Minutos después de las 15 horas, el contingente partió de la alameda Granados Maldonado, en el centro de la ciudad, encabezado por la base estudiantil de Ayotzinapa –la mayoría hijos de campesinos–, que portaba dos ataúdes y cartulinas con leyendas como Gobernador asesino; Fuera gobernador represor; Aguirre, asesino de estudiantes; Somos estudiantes, no terroristas.
Ya veremos si hay sentido común y ética en las autoridades y funcionarios de Guerrero o se sigue deshilachando el asunto hasta un nuevo choque de grandes magnitudes entre la sociedad civil y sus gobiernos estatales.
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