La secretaria de Educación defiende la alianza como un mecanismo para mejorar la calidad educativa:
Es necesario llevar a las aulas a los “mejores maestros”, porque ya no basta que la educación sea laica, gratuita y obligatoria, sino que debe ser también de calidad, afirmó Josefina Vázquez Mota, titular de la SEP. La funcionaria aseveró que el gobierno federal no frenará la Alianza por la Calidad Educativa. “No nos vamos a detener. Vamos a seguir adelante para una educación con calidad, para que tengan a las mejores maestras y maestros de México, porque no queremos que se vendan las plazas de los maestros, queremos que se ganen por mérito y esfuerzo”.
Sin embargo, los docentes denuncian irregularidades en la asignación de las plazas:
Docentes queretanos denunciaron irregularidades en el mecanismo de asignación de plazas, y calificaron el examen de oposición como “una simulación”, debido a que en algunos casos no se respetaron decisiones iniciales.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunciaron que la entrega de plazas a los ganadores del concurso nacional de oposición, “no sólo es una falacia: además han hecho renunciar a cientos de profesores de plazas interinas con la promesa de que a partir del primero de septiembre tendrían todo arreglado para obtener sus bases, pero hasta ahora no han cumplido”. Docentes y normalistas de Distrito Federal, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Valle de México, aseguraron que tanto las vacantes definitivas como las plazas de nueva creación son distribuidas por “compadrazgos o acuerdos previos con autoridades educativas y sindicales, pues es totalmente irregular la designación de escuelas y claves.
Maestros en todo el país que acreditaron el examen nacional de oposición, simplemente se quedaron “esperando la entrega de una plaza definitiva o de plano ni les llamaron”, aseguraron profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Denunciaron que en todos los estados en los que se aplicó la evaluación “no se respetaron las listas para los que quedaron en los primeros lugares tuvieran una plaza definitiva; por el contrario, la mayoría debió suscribir contratos por un mes, donde claramente se indica que su contrato no es susceptible de basificación”.
La profesora Rocío Estévez denunció que la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) otorga plazas de maestros de manera discrecional y basada en el “amiguismo”.
La Auditoría Superior de la Federación realizará un seguimiento al proceso:
La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una auditoría especial a la forma en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asigna las plazas a profesores de educación básica, y para evaluar el mecanismo de selección. Se trata de transparentar el método de concurso, y con ello contribuir a “terminar con la desconfianza” que ha generado molestias y denuncias entre los profesores que realizaron dicho examen.
Mientras tanto, las protestas siguen en varios estados de la república:
El conflicto magisterial se agravó en Guerrero luego de que la Secretaría de Educación estatal comenzó a aplicar descuentos a los maestros que se encuentran en paro, por lo que los profesores radicalizaron sus acciones y la tarde de ayer retuvieron momentanéamente al secretario José Luis González de la Vega. Los maestros paristas bloquearon además todos los accesos del palacio de gobierno- Asimismo, tomaron como rehenes a Germán Espíndola León, asesor técnico del secretario de Educación, y a Ricardo Hernández Morales, subdirector de Servicios Educativos de la región Centro, a quienes mantienen en su plantón en palacio de gobierno hasta que la dependencia estatal libere los salarios de 157 profesores.
El gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, consideró injustificable el nuevo paro de labores y la ruptura de la tregua pactada con el comité de lucha de los maestros disidentes. Aseguró que todos los puntos planteados por los representantes del magisterio fueron resueltos por el gobierno estatal la semana pasada. A su vez, el comité de lucha anunció su propósito de convertirse en sindicato independiente “ante la corrupción y oficialismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, y exigió al gobernador los considere como interlocutores en las negociaciones de la tregua, y no sólo a los representantes del SNTE y de la profesora Elba Esther Gordillo.
Hay preocupación en el SNTE:
Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) afirmaron que se mantiene la “alerta amarilla” para llamar a la convocatoria para un consejo nacional extraordinario, ante el creciente malestar entre las filas elbistas por la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Agregaron que “no se puede descartar una convocatoria de último momento, porque tras las marchas y manifestaciones de repudio que se han generado durante las semanas recientes, se prevén escenarios cada vez más complejos sin que exista una verdadero trabajo político para tratar de desactivar los conflictos, pues incluso el malestar está llegando a generar una clara resistencia de los propios secretarios generales seccionales”.
Y la sociedad civil se pregunta sobre la falta de actuación del gobierno federal acerca de la venta de plazas en el sistema de educación básica:
Si va en serio eso de de la no tolerancia frente a quienes han infringido la ley, no se entiende como las autoridades no llaman a cuentas a la profesora Elba Esther Gordillo para que explique este asunto de la venta de plazas vitalicias a los maestros sindicalizados. Vender plazas a maestros fue, es y esperemos que siga siendo un delito. Los recientes conflictos en contra de la Alianza por la Educación han confirmado que dicha venta existió y la propia Secretaria de Educación así lo ha reconocido. No se trata de si las autoridades quieren o les conviene aplicar la ley en este asunto, están obligados a aplicarla y de no hacerlo, se estarán convirtiendo en cómplices de quienes cometieron el delito. No es menor que siete de cada diez ciudadanos con teléfono en su casa piensen que no se llama a cuentas a la profesora por la ayuda que prestó al candidato del PAN en el 2006.
Esta falta de acción alimenta la poca credibilidad en la aplicación de las leyes en México:
La mayoría de los mexicanos no cree en las leyes que los rigen, además de opinar que éstas sólo benefician “a quienes tienen más poder”, reconoció la Secretaría de Gobernación (Segob). “El 59 por ciento de la población percibe que las leyes en nuestro país se utilizan para defender los intereses de gente poderosa o para cometer arbitrariedades”, indicó el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Daniel Cabeza de Vaca Hernández. “Ése es el tamaño del reto que enfrentamos todos los mexicanos, y en especial quienes trabajamos para esta administración”, apuntó el funcionario federal al citar cifras de la última Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas.
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