Mientras el gobierno federal gasta en camionetas blindadas (cualquier parecido con la que usan los capos del narcotráfico es pura coincidencia) para los altos puestos gubernamentales, mantiene un bajo presupuesto a las universidades públicas, no ofrece trabajo digno a los jóvenes y para colmo, los acusa de ser: terroristas o narcotraficantes por protestar en contra de la violencia que cerca a las universidades mexicanas:Las universidades públicas en México enfrentan problemas “políticamente explosivos” que las tienen al “límite”, convertidas en “verdaderas bombas de tiempo”, debido a que en la última década se incrementó la presión financiera para enfrentar, entre otros, el pago de pensiones y jubilaciones o la renovación y reconocimiento de profesores en activo, y también porque prevalece el “grave rezago” de dar oportunidades educativas a los jóvenes, y por las “tensas relaciones” que mantienen algunos rectores con los gobernadores. A estos temas se le suma una “señal preocupante” de jóvenes “que tienden a movilizarse cuando hay focos de conflicto que no pueden ser resueltos en los marcos institucionales”, como lo es la agenda emergente de la inseguridad, de la violencia, del crimen organizado y de la guerra que ha propiciado el propio Estado para enfrentar al narcotráfico, advierten rectores de universidades públicas e investigadores especialistas en el sistema universitario.
Los estudiantes universitarios están realizando varias actividades de protesta por la terrible situación:
El incremento en el número de víctimas inocentes ocasionado por la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado ha desatado el descontento de los universitarios en el país. Frente a los asesinatos y ataques contra la juventud, estudiantes de varias instituciones de educación superior del valle de México –principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional– realizarán movilizaciones para demandar un alto al terrorismo de Estado y a los juvenicidios. Si bien se trata de diferentes organizaciones, el objetivo común es “protestar por los ataques y ejecuciones de jóvenes en todo el país, especialmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya sea por elementos de cuerpos de seguridad pública o de integrantes de bandas criminales”.
Cientos de estudiantes de diversas instituciones de nivel superior, médicos, enfermeras, miembros de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, demandan la salida de la Policía Federal y del Ejército Mexicano de las calles de esta frontera, al tiempo que demandaban justicia para los agresores del estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez lesionado de bala. El contingente se concentró en la Mega Bandera instalada en la zona de El Chamizal a unos metros del puente internacional Córdova de las Américas o mejor conocido como Libre. En el lugar encendieron veladores y enfilaron por la avenida Adolfo López Mateos, dieron vuelta hacia el oriente frente a Rectoría de la UACJ, pasaron frente a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH. Durante el trayecto lanzaron consignas contra el presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa y demandaron la salida de las calles de la ciudad de la Policía Federal y del Ejército mexicano, al tiempo que exigieron justicia para el joven José Darío Álvarez Orrantia, quien se encuentra hospitalizado en el Centro Médico de Especialidades y en donde ha sido sujeto de dos intervenciones quirúrgicas hasta el momento.
¿Cómo responde el gobierno federal y estatal? Como siempre, aterrorizando, golpeando y violando los derechos y garantías individuales, y los derechos humanos. Así de simple:
Dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fueron agredidos por elementos de la Policía Federal (PF). Se trata de Xavier Ordóñez Neyra, quien cursa el tercer semestre de mecatrónica, y Adrián Luján, escritor y pasante de diseño gráfico. Durante la madrugada, 30 federales ingresaron en forma violenta al domicilio de Ordóñez Neyra, ubicado en el poblado San Isidro, en el Valle de Juárez. De acuerdo con la denuncia pública que hizo el Frente en Contra de la Violencia –al que pertenece el alumno afectado–, los policías permanecieron en el lugar una hora, sin presentar orden de cateo, y golpearon y amenazaron de muerte al estudiante, a su padre, su madre, un hermano y uno de sus primos, identificado como Daniel Vázquez Montecinos. Los agentes les exigieron que confesaran dónde escondían un presunto lote de armas. Finalmente los policías se retiraron y se llevaron detenido a Vázquez Montecinos.
Javier Adrián Fuentes Luján, alumno de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), señaló que fue levantado en esta localidad por policías federales, quienes lo torturaron, le tomaron fotografías empuñando una pistola y lo interrogaron sobre su actuación como vocero de la Asamblea Estudiantil Juarense (AEJ), tras lo cual lo liberaron, con la advertencia de que no los denunciara. Fuentes Luján, estudiante de diseño gráfico, aseveró en conferencia de prensa que los agentes lo interceptaron, y al revisar su vehículo encontraron fotos y videos de la marcha del pasado 29 de octubre, cuando otros elementos federales dispararon a Darío Álvarez Orrantia, alumno de sociología de la misma institución, quien se recupera tras una segunda cirugía.
Los rectores de las universidades han dejado de preocuparse por elevar el nivel de calidad de los estudiantes universitarios y por generar conocimiento y cultura. Ahora, como una escuela en tiempos de guerra se preocupan por más o menos permanecer abiertas y esperar que no haya más muertos:
Rectores de algunas de las universidades de estados del norte del país, donde hay presencia del narcotráfico, advirtieron que la violencia e inseguridad que se enfrenta en sus entidades ha afectado parte de la vida universitaria. Incluso, en algunas instituciones ya se analiza recortar una hora los turnos vespertinos para que los estudiantes salgan más temprano y se han tomado medidas de prevención.
Las amenazas de bombas, los rumores y la inquietud han generado un ausentismo de 30% entre estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, campus Matamoros, por lo que se prevé lanzar un programa “emergente” de recuperación del semestre, mientras que en la Universidad Autónoma de Nuevo León se anunció que a partir del próximo semestre se recortará una hora al turno vespertino para “atenuar la situación de inseguridad”. Durante la 35 sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) los rectores de ambas instituciones se dijeron preocupados por la violencia que hay en torno a los planteles. El presidente general de la Comisión de Seguridad Universitaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Mario García Valdés, advirtió que la violencia generada por el crimen organizado coloca a estudiantes, académicos y trabajadores de las instituciones de educación superior en una “situación de alto riesgo”, por lo que expresó su “preocupación” al decir que es un “asunto grave, que no podemos permitir que se generalice en el país”.
No, no lo parece. Definitivamente, no avanzamos. En lugar de acercarnos a ser una sociedad basada en el conocimiento, regresamos a los tiempos precolombinos y del virreynato, lo que importa es el garrote.
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