El gobernador Javier Duarte de Ochoa desapareció la policía Veracruz-Boca del Río (PIVB) mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) tomaron el control de la corporación y asumieron la vigilancia en esa zona conurbada, la más poblada de la entidad. Esta medida forma parte del operativo de combate al crimen organizado Veracruz seguro y de los acuerdos firmados entre la administración estatal y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), indicó el mandatario priísta, quien agregó que los 900 efectivos y 146 empleados administrativos de la extinta policía serán liquidados conforme a la ley. Duarte de Ochoa anunció que su gobierno proporcionará recursos a la Marina para las actividades policiacas de los militares, aunque aclaró que éstas sólo durarán mientras se integra una corporación con elementos confiables y calificados. Los policías fueron concentrados en el cuartel ubicado en la colonia Playa Linda, en el norte de la ciudad de Veracruz; se les recogieron armas y equipo de radiocomunicación, así como uniformes y distintivos. Inmediatamente, efectivos de la Armada con uniforme de camuflaje gris, tomaron control de las instalaciones y patrullas. También se harán cargo del programa de reclutamiento y selección del nuevo personal.
Al desaparecer el optimismo del 2000, en gran medida porque el nuevo régimen no cambió gran cosa la estructura política y los usos y costumbres virreynales del viejo régimen. Del optimismo en la democracia y el discurso de un futuro promisorio, regresamos a la administración de la pobreza y a usar las escuelas como centros de adiestramiento de niños y no de formación de ciudadanos. El experimento más reciente para "regular, controlar, mantener a raya" a los estudiantes es la creación del Marco para la Convivencia Escolar. Sin embargo, el problema no es crear leyes, normas y castigos, el verdadero problema consiste en desarrollar una cultura democrática respetuosa de los Derechos Humanos y Derechos del Niño:
El Marco para la Convivencia Escolar que tipifica por primera vez las conductas de los alumnos y determina sanciones para cerca de un millón 800 mil escolares de educación básica en la capital del país no se traducirá en un cambio de actitud o de respeto a la ley, por lo que está condenado a ser letra muerta, coincidieron especialistas. La experta del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Catalina Inclán exhortó a la la Secretaría de Educación Pública (SEP) a mostrar las evidencias de que un código de procedimientos para niños y jóvenes de prescolar, primaria y secundaria ha funcionado en otros lugares, de lo contrario, el citado marco tendrá un futuro fallido. Las reglas presentadas por la SEP describen las faltas que pueden cometer los estudiantes: ejecutar una amenaza de bomba, portar una arma de fuego, incitar a un disturbio, llevar a la escuela palos billy club, blackjack, bastones espada, consumir o distribuir bebidas alcohólicas y drogas en el interior de la escuela, entre otras. Las sanciones más graves suspenden al alumno hasta por 10 días o lo cambian de plantel.
Uno de los efectos postivos dentro de este panorama pesimista consiste en que por vez primera se ponde atención al abuso y acoso escolar. La sociedad mexicana tiene que observar y evitar que las escuelas sean un espacio antidemocratico, un lugar que privilegia el autoritarismo, sea de los maestros, sea de los padres de familia, sea de los funcionarios, sea de los propios alumnos:
La Ciudad de México se ubicó a la vanguardia del combate la violencia entre escolares al ofrecer apoyo a más de 189 mil estudiantes que eran víctimas o se encontraban en riesgo de sufrir bullying. Para concretar las acciones contra la violencia al interior de las escuelas, la Secretaría de Educación del Distrito Federal puso en marcha el programa “Escuelas sin Violencia” en al menos 400 planteles en los que se presentaba esta fenómeno. Mario Delgado, secretario de Educación del Distrito Federal, aseguró que a través del programa de atención y orientación se coadyuvó para mejorar la calidad en los entornos de convivencia escolar. Con esto, resaltó que se asegura que el fenómeno de la violencia no se convierta en algo cotidiano al interior de los planteles educativos. “Lo peor que nos puede pasar es que la violencia se vuelva algo normal, algo cotidiano y lo asumamos como una forma de vida muy natural, muy normal”, dijo el funcionario capitalino.
Del optimismo del 2000 y su discurso de "mejorar la calidad educativa" se pasó a "combatir a los malosos", una batalla que no está en la escuela. El problema de los funcionarios federales es que responden no a la constitución mexicana (bajo un esquema democrático) sino a los programas federales que crea su "jefe" (bajo un esquema virreynal). Por ello, las escuelas siguen teniendo los mismos problemas que en el viejo régimen y no se han solucionado:
El administrador federal de los Servicios Educativos del Distrito Federal, Luis Ignacio Sánchez, afirmó que las autoridades del ramo siguen en deuda con las escuelas de la ciudad de México: Cómo pedirles mejoras si hoy no somos capaces de dotarlas de los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su mejor desempeño. En un informe de las acciones realizadas en los cinco años de su gestión Luis Ignacio Sánchez enfatizó que no se pueden pedir mejores resultados a los directores de los planteles si no les damos lo que necesitan, si no les damos más poder de decisión y autonomía, si no les damos recursos para que puedan fortalecer el plantel. Incluso, señaló que es necesario evitar el trato inequitativo que reciben las escuelas de la ciudad de México en comparación con las de otras entidades.
Ya llevamos demasiadas décadas con el discurso basado en el pesimismo y los resultados son muy malos. Deberíamos pasar a una propuesta más optimista pero con un enfoque democrático; el enfoque virreynal solo produce optimismo en muy pocas familias. ¿Y tú que piensas?
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