Con bombo y platillo se anuncia que el bachillerato es obligatorio en México. Sin embargo, una de las características de la política educativa mexicana es que es demasiado grandilocuente y con un sentido de urgencia.... muy dilatado. Se pretende que haya un efecto real... allá por el 2022. En ese sentido, los deseos son juveniles, pero, las metas, si llegan, llegan con las canas:
A partir del próximo ciclo escolar y hasta el 2022 es el periodo que tendrán las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal para hacer obligatoria la educación media superior y así alcanzar su cobertura universal. Se firmó el decreto que reforma los artículos 3 y 31 constitucional para hacer obligatorio el nivel bachillerato, con lo que México alcanzará un promedio de escolaridad de 15 años.
Parte del problema del sistema educativo mexicano es que el discurso lleno de palabras rimbombantes, grandilocuentes, que aspiran a la grandeza, corresponden muy poco con la realidad. Los datos del estado actual del bachillerato es bastante deprimente, lo que llevará a cumplir la meta con un retraso de 22 años:
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que 87.3 por ciento (3 mil 966 planteles) de 4 mil 544 bachilleratos públicos revisados no tienen servicios médicos; 60.2 por ciento (2 mil 736) carecen de biblioteca, 50.1 (2 mil 278) no tienen salas de cómputo, 10.7 (484) disponen de inmuebles con más de 31 años de antigüedad y 8.6 (391) no son apropiados para uso educativo.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2010, hasta 2043 se alcanzará la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso de 22 años respecto a lo que ordena el decreto firmado la semana pasada por el gobierno federal, que hace obligatoria la impartición de dicho nivel educativo.
Otro de los problemas que todavía no se resuelve es la deserción en este nivel educativo. Los jóvenes mexicanos prefieren la búsqueda de trabajo y el subempleo que seguir estudiando:
En México, 58% de los jóvenes de entre 25 y 34 años de edad, abandonaron sus estudios antes de completar el bachillerato, y junto con Turquía, nuestro país ocupa el primer lugar cuando se mide la deserción entre 33 de 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) .
El estudio de la OCDE señala que el entorno socioeconómico bajo, las circunstancias personales o sociales y de injusticia, “provoca el fracaso escolar cuya manifestación más visible es la deserción”.
En promedio, en los países de la OCDE, 20% de los adultos jóvenes dejaron de estudiar antes de completar la preparatoria.
Corea, la República Eslovaca, la República Checa, Polonia y Eslovenia son los países con el menor número de desertores.
Los jóvenes con menos educación fueron los más afectados por la crisis económica. Se identificaron casi 15 millones de ellos sin trabajo.
Alrededor de un millón 800 mil jóvenes en edad de asistir al bachillerato no están en la escuela, comentó el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Martínez, quien afirmó que la deserción anual de 600 mil estudiantes en este nivel educativo significa un problema grave para grupos humanos más o menos importantes.
Señaló que para llegar a la meta de tener una cobertura de 68 por ciento al finalizar el sexenio se requiere incorporar a 60 mil jóvenes más en el próximo ciclo escolar que comienza en agosto. Esto, aunque cada año se van más de medio millón de alumnos.
Y la calidad en este nivel tampoco se ha realizado un gran trabajo para mejorar la gestión de este tipo de instituciones:
Apenas 21.7 por ciento de los directores de bachilleratos públicos y privados ha participado en un concurso de oposición para obtener ese puesto y casi 50 por ciento de ellos no han tenido que cumplir con requisitos altos para ejercer el cargo, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Del total de los directivos, 61.5 por ciento cuentan con una licenciatura, 33.1 por ciento con maestría y sólo 2.6 por ciento tienen título de doctor.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), una de las razones para implementar el examen de oposición es para evitar que los directivos se perpetúen en esos puestos, sin actualizar sus conocimientos.
Necesitamos tener resultados muy pronto, una mejor calidad, y lograr que los jóvenes culminen este nivel de calidad. Para ello, sobran los discursos y se necesitan acciones desde la sociedad civil, de otra forma, la burocracia seguirá el ritmo que gusta seguir... la velocidad del siglo XVI.
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