Mientras los Estados Unidos tira la linea para continuar la guerra contra el narcotráfico a los partidos políticos mexicanos, ilusionados con el 2012, las escuelas se convierten en plazas para que algunos partidos políticos oferten sus propuestas políticas y manifiesten su ansia de poder:
El Partido Nueva Alianza (Panal), de Elba Esther Gordillo, aprovecha el espacio público en el interior de las escuelas para repartir, con la complicidad de directivos, maestros y la estructura sindical del magisterio, miles de cuadernillos, loncheras y mochilas con propaganda electoral de ese organismo político, los cuales son entregados a niños desde tres años de edad, en prescolar, hasta adolescentes de 15, en secundaria. Los escolares son utilizados como vehículo para llevar el mensaje político de los candidatos y obtener los datos confidenciales de sus padres. Lo anterior es constitutivo de varios delitos de carácter electoral y penal, cuyas sanciones van desde el retiro del registro al organismo político, hasta la pena de uno a nueve años de prisión a los responsables, advierte el especialista en derecho electoral e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), John Ackerman.
No obstante que padres de alumnos de la primaria Constitución de Apatzingán, ubicada en Ecatepec, estado de México, denunciaron por escrito, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y los Servicios Educativos Integrados (SEI) de esa entidad, que la directora del plantel y ex candidata a diputada por el Partido Nueva Alianza (Panal), Norma Angélica Colón Peralez, introduce material proselitista en la escuela y los estudiantes han sido obligados a doblar su propaganda, ninguna instancia ha procedido para poner alto a esos delitos. Tampoco han iniciado indagaciones sobre las denuncias acerca del cobro de cuotas y de exámenes, de la venta de espacios del plantel para colocar puestos, del despido injustificado de profesores porque no la apoyaron en su campaña política, así como del bullying escolar y la utilización de la dirección como salón de belleza. Todo con la complicidad del supervisor de la zona 24, Héctor Torres Juárez.
La solicitud que hace el Partido Nueva Alianza (Panal) a menores de edad para que entreguen a ese organismo político los datos confidenciales de ellos y de sus padres representa una violación al derecho de la protección de datos personales, con consecuencias muy graves, ya ese hecho pone en riesgo la seguridad de los infantes, afirmó la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mónica González Contró, al alertar que la falta de una cultura en la materia es lo que ha generado situaciones críticas como el secuestro de menores y la trata de niñas y niños. En relación con la distribución de propaganda electoral a niños de 3 a 15 años en las escuelas públicas por parte del Panal, lo cual fue revelado por La Jornada, la especialista en derechos de la infancia indicó que el caso implica, además de delitos de carácter electoral y penal, otras violaciones a las garantías de niños y niñas establecidas en la convención en la materia y la ley para la protección de sus derechos.
Esta situación ha provocado una serie de reacciones:
El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, señaló que antes de iniciar un procedimiento contra el Partido Nueva Alianza (Panal) por hacer proselitismo electoral en las escuelas públicas de Baja California Sur, corresponde corroborar la información publicada en los periódicos, El dirigente perredista, Jesús Ortega Martínez, consideró que procede la pérdida del registro nacional de ese instituto político. Ortega consideró muy grave lo difundido y adelantó que presionarán para que se sancione al Partido Nueva Alianza mediante la presentación de una queja ante el organismo electoral de Baja California Sur.
Para la SEP es un asunto que tienen que resolver las instancias locales:
El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, aseveró que las escuelas bajo ninguna circunstancia pueden ser espacios para el proselitismo político. Lujambio sostuvo que corresponde a las autoridades electorales y ministeriales investigar esos hechos. El asunto se da en el ámbito local. La Secretaría de Educación Pública no prejuzga sobre lo que sucedió, y será sin duda la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR o el fiscal de persecución de delitos electorales de Baja California Sur, en su caso, quien investigue y llegue a conclusiones enteras sobre lo que ahí sucedió.
Mientras son peras o son manzanas... un grupo magisterial levantará un acta en contra del secretario de Educación Pública:
El magisterio democrático, la Unión de Juristas de México (UJM) y organismos sociales denunciaron que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, ha incurrido en graves omisiones que merecen el fincamiento de responsabilidades, ya que no ha cumplido con vigilar que en las escuelas públicas se respeten las disposiciones constitucionales en cuanto a la prohibición de introducir propaganda política y utilizar recursos públicos para favorecer a los partidos , en este caso, al Panal. Presentarán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República y otra ante los órganos electorales.
La verdad es que los todos los partidos políticos usarán todas las artimañas para conseguir que los posibles votantes se convenzan, de que ahora, si, mejorará la calidad educativa, se construirán más escuelas, tendrán mantenimiento, y bla, bla, bla, bla, y más bla, bla. Cualquier parecido con los comerciales de los productos milagrosos no es coincidencia.
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