Comienzan los 21 días de protestas de la sección 22 y la APPO en la ciudad de Oaxaca:
Al iniciar “la jornada de lucha por la emisión de la convocatoria para el relevo sindical sin condiciones”, unos 70 mil maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dejaron sin clases a un millón 300 mil alumnos e instalaron un plantón que durará 21 días en el zócalo de la capital. Advierten que si no hay respuesta a sus demandas, boicotearán la Guelaguetza (su principal festividad anual) comercial. En las regiones de la Mixteca y Cuenca del Papaloapan, los maestros bloquearon las casetas de cobro Coixttlahuaca de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca y del puente Caracol de la carretera a Tuxtepec, donde dieron paso libre a los automovilistas. Los maestros de la “ala democrática” se movilizaron en forma simultánea en las siete regiones de la entidad “para darle la cobertura y apoyo al plantón” que instaló el magisterio de Valles Centrales en el zócalo. En algunas regiones, como en la Mixteca y la Costa, los maestros bloquearon las carreteras federales, mientras que en otras zonas, como el Istmo de Tehuantepec, los docentes sólo marcharon, pero todos suspendieron sus labores académicas en casi 13 mil centros educativos.
Maestros y activistas de la APPO bloquearon ocho horas la capital de Oaxaca, el aeropuerto y plantas de Pemex. En el segundo día de protestas, maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) bloquearon carreteras y el acceso al aeropuerto, además de cerrar el paso a la planta de abasto de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en el municipio de Santa María El Tule.
La iniciativa privada de Oaxaca dio al gobierno de Ulises Ruiz un plazo de 72 horas para que negocie y libere las calles de bloqueos por el plantón magisterial. A través del presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Sergio Bello, los empresarios urgieron a no repetir el escenario de 2006. Exhortaron a los inconformes a dialogar, con ánimo de atender por la vía interinstitucional sus reclamos y sin afectar los derechos de terceros. “Entendemos que la protesta forma parte de una jornada laboral y que hay procedimientos para encauzarlos. Por ello la exigencia es al gobernador, para que cumpla su papel y no deje que el conflicto se alargue, porque de antemano estaría en riesgo la gobernabilidad de la entidad”.
El gobierno de Ulises Ruiz aseguró que busca una solución pacífica y negociada con sus opositores, principalmente con el magisterio, con el que “hay un diálogo permanente y sin reservas”. El secretario de Gobierno, Manuel García, incluso habló de tolerancia al señalar que no se presentó demanda penal alguna en el ámbito local ni se ejerció acción represiva por los bloqueos de carreteras ocurridos este martes, y que lesionaron las actividades turísticas y comerciales de la capital.
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