sábado, agosto 02, 2008

Los problemas en la Dirección General de Educación Indígena y sus secuelas

En su mayoría son jefas de familia: pedagogas, sicólogas, sociólogas, antropólogas y diseñadoras gráficas al servicio de 35 mil maestros y 2 millones de niños indígenas. Por negarse a obedecer una orden injusta de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las desalojaron de su centro de trabajo con violencia, les robaron sus efectos personales y los 50 mil pesos de su fondo de ahorro sindical; las dejaron sin guarderías ni servicios médicos para sus hijos y, desde septiembre del año pasado, no cobran sueldo, aguinaldo, vales de despensa, prima vacacional y otras prestaciones, por lo que han debido endeudarse y están enfermas y en la ruina. Hace unos días, el segundo tribunal colegiado condenó a la SEP a resarcirlas por todos los daños que les causó –económicos, laborales, físicos y sicológicos–, esto es, a reinstalarlas en su centro de trabajo, pagarles el dinero y las prestaciones que les corresponden e indemnizarlas por los problemas de salud corporal y emocional provocados por la presión –los acreedores, los abogados de los bancos y las amenazas de ser desalojadas de sus domicilios– a que se vieron sometidas.

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