La Jornada presenta un breve reportaje sobre el caos vial que vive la Ciudad de México a las 8:30 de la mañana, de lunes a viernes. Este problema se agrava por la idea de que las escuelas y los trabajos tienen que iniciar actividades en horarios cercanos y que a todos los chilangos nos gusta usar automóvil particular. Para tratar de calmar el síntoma (y no la enfermedad) se crea el Prote, pero no ha gustado a los padres de familia:
Casi mil 200 personas se ampararán contra la obligatoriedad del Programa de Transporte Escolar (Prote) en instituciones particulares propuesto por el Gobierno del Distrito Federal como una medida contra la contaminación y el tránsito vehicular, la cual entrará en vigor el próximo ciclo escolar. La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) encabezó la promoción del amparo, al considerar que la imposición del transporte escolar obligatorio es más bien un negocio para financiar la campaña presidencial de Marcelo Ebrard en 2012. Aunque la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal rechazó que esa medida atenten contra los derechos de las personas, el presidente de la UNPF, Guillermo Bustamante, aseguró que no se tomó en cuenta a los padres de familia, por lo que exigió la derogación de la medida. “No podemos aceptar la obligatoriedad, porque es una decisión autoritaria, se violan los derechos de los padres de decidir si usan o no el transporte y se pretende que se pague un servicio que en muchos casos resultará más caro que la propia colegiatura”.
Las autoridades siguen con el programa:
El secretario de educación del Distrito Federal, Axel Didriksson, desestimó las protestas de la Unión Nacional de Padres de Familia contra de obligatoriedad del transporte en escuelas privadas. Descartó que la nueva norma genere una migración de los estudiantes a escuelas públicas, “ya que el programa está pensado para familias de clase alta que sí pueden pagar el costo del servicio, la clase media no está considerada”. Reconoció que se han promovido amparos, “pero son de particulares influenciados por la organización y no de las instituciones”, por lo cual no existe descontento en las escuelas. “Cuando tengamos amparos de los planteles actuaremos apegados al reglamento, porque el acuerdo está hecho con ellos no con los padres de familia”.
Jueces en materia administrativa rechazaron dos solicitudes de suspensión provisional promovidas por el mismo número de escuelas, en contra del Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal.
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