En el lejano 2006 se inició un conflicto magisterial, el problema fue creciendo con el tiempo hasta que la ciudad de Oaxaca se incendió y La PFP llegó repartiendo toletazos, balas de goma y gases lacrimógenos. Se perdieron millones de pesos, se destruyeron edificios, hubo golpeados, detenidos e incluso uno periodista de Estados Unidos resultó muerto... sin embargo, no hay culpables, los supuestos terroristas fueron puestos en libertad por falta de pruebas, y los titulares del gobierno federal y estatal siguen en sus puestos o en la vida política. Hace un par de días la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el responsable del desastre en la ciudad de Oaxaca es el que sigue siendo el actual gobernador:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, responsable de la violación grave de una serie de garantías individuales que se registraron en el conflicto magisterial, político y social que se vivió en la capital de su entidad, de mayo de 2006 a enero de 2007. Sin embargo, determinó que ni el ex presidente Vicente Fox ni algún integrante de su gabinete son responsables de dichas violaciones. La Corte concluyó que durante este periodo se violaron de manera grave los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, así como las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación, de propiedad, a la paz, y al acceso a la información. De dichas violaciones, la Corte responsabilizó al gobernador Ruiz, así como al director General de Seguridad Pública del Estado, José Manuel Vera Salinas; al director de la Policía Ministerial, teniente de Navío José Moreno Rivas, y al de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes. Pero como sólo tiene el carácter de una recomendación, dicha resolución podrá ser o no tomada en cuenta por dichas autoridades.
Sin embargo, esta declaración en realidad es una recomendación... no parece que exista una figura en el poder legislativo para poder actuar. Nuestro sistema político blinda a los titulares de los puestos de elección popular. ¿Puede una democracia sobrevivir sin fincar responsabilidades de los mandatarios en el territorio mexicano? ¿En un país asolado por las debacles financieras podemos darnos el lujo de perder millones de pesos y no tener a ningún responsable? Han pasado 200 años, ¿No es momento de pensar que deseamos una democracia sólida, respetuosa de los derechos humanos? El gobernador de Oaxaca se deslinda de la acusación y por supuesto que el partido político al cual pertenece lo defenderá hasta el último aliento.
El gobernador Ulises Ruiz calificó de político y no jurídico el dictamen que emitió la Corte en su contra, en el que se le responsabiliza de haber incurrido en el delito de omisión tras la revuelta social de 2006. El mandatario evito hacer más comentarios y urgió a no adelantar vísperas hasta conocer el voto definitivo de los ministros. En tanto, diputados federales anunciaron que harán una “férrea defensa” del gobernante para impedir que sea llevado a juicio político.
Bien parece que México tiene mayores probabilidades de ganar un mundial de futbol que pedir cuentas a los mandatarios.
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