Solamente un 20% de los jóvenes mexicanos tienen acceso a la educación superior, llevamos 20 años sin invertir en construir universidades públicas... a pesar del discurso, tampoco es fácil para los particulares construir universidades:
Tras una investigación motivada por una denuncia ciudadana, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) determinó que el organismo Centros Culturales de México viola el uso de suelo por instalar aulas de la Universidad Panamericana (UP). Al atender la denuncia presentada por Irma de la Sierra, presidenta del Frente Vecinal Benito Juárez, el organismo resolvió que el certificado de uso de suelo empleado por la UP para hacer funcionar en ese terreno aulas universitarias prescribió, pues sólo autoriza el funcionamiento del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud federal, el cual estuvo ahí hasta el año 2000. Asimismo, determinó que en ese inmueble el uso de suelo para educación media y superior está prohibido, por lo que resolvió que la delegación Benito Juárez debe verificar el pleno cumplimiento de las leyes en materia de uso de suelo mientras que a la Seduvi le corresponde vigilar que esto se cumpla.
El alcalde Gonzalo Alarcón testificó ante la Contraloría del Congreso local, que investiga presuntas irregularidades legales en la donación de más de 130 mil metros cuadrados al Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey. Luego de comparecer el alcalde recomendó a los reporteros leer el Código Civil que, de acuerdo con él,contempla la figura jurídica de convenio de promesa de donación mediante la cual sustentó la entrega de los terrenos a la institución privada, lo que es contrario a la Ley Orgánica Municipal, que establece que los donativos deben ser utilizados para equipamiento urbano y obras de beneficio social, y sin la autorización del Congreso local para su desincorporación como patrimonio municipal. Alarcón se presentó en las oficinas de la Contraloría, con sede en la ciudad de Toluca para presentar sus alegatos en su defensa por los presuntos actos ilegales cometidos por la donación del terreno de dominio público a la institución educativa privada.
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