Notas sobre los acontecimientos en Oaxaca:
Padres de familia y maestros elbistas de la recién conformada sección 59 presentaron dos quejas, una ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y otra ante la Secretaria de Educación Pública por la negligencia asumida por el gobierno de Ulises Ruiz al no emitir la expedición a tiempo de al menos unos 30 mil certificados de estudios del nivel básico, por las disputas internas sindicales que mantiene con sus opositores en la sección 22. Los inconformes advierten que podrían radicalizar sus protestas e incluso amagan con sumarse a las acciones de protesta para evitar los festejos de la Guelguetza. La secretaria general de la sección 59, Ericka Rapp Soto, reconoció que hay un ultimátum externado al director del Instituto Estatal de Educación Pública, Abel Trejo, para que antes del próximo 4 de julio se validen los estudios de los alumnos afectados.
El gobierno de Ulises Ruiz no dejará a ningún estudiante sin documentos ni certificados de fin de año, aun cuando persistan disputas intersindicales entre la sección 59 y la 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en algunas escuelas. Al dar a conocer lo anterior el subsecretario de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, dijo que se ha instalado una mesa de diálogo en la sede del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, donde hay la instrucción de privilegiar la educación y el derecho de los menores antes de ceder a caprichos o chantajes de tipo sindical. “Aquí lo que está en riesgo es el futuro de la educación de los menores y en ellos no vamos a escatimar”, sentenció el servidor público.
La asamblea estatal de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) determinó realizar la Guelaguetza Magisterial y Popular, el próximo 21 en el estadio de futbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO). Decidieron que la celebración coincidirá con el Primer Lunes del Cerro de la Guelaguetza organizada por el gobierno estatal en el auditorio del Cerro del Fortín. El secretario de organización de la gremial, Ezequiel Rosales Carreño, expuso que la realización de la Guelaguetza Magisterial y Popular se acordó “para recuperar el carácter ceremonial” de la fiesta, y no el sentido comercial y de promoción política”.
El pleno de la asamblea estatal de la sección 22 del SNTE decidió no sabotear los festejos de la Gelaguetza, aun cuando han planteado la celebración de una festividad alterna. Según el secretario de Organización del magisterio oaxaqueño, Ezequiel Rosales, hubo una consulta abierta a sus bases, donde la mayoría de las delegaciones se opuso a realizar alguna manifestación contra los festejos de la Gelaguetza. “Los compañeros se opusieron al enfrentamiento contra el gobierno de Ulises Ruiz. Tenemos experiencias pasadas que no queremos repetir, hemos aprendido de nuestros errores”, atajó el líder gremial.
Estudiantes rechazados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), militantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria Mexicana (UJRM), adherida a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), bloquearon ayer el crucero de Cinco Señores para exigir a las autoridades universitarias que amplíen la matrícula. Los inconformes se apoderaron de seis autobuses y un camión de carga para bloquear la circulación.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) reiteró su respeto a la decisión asumida por el magisterio de no boicotear los festejos de la Guelaguetza. La APPO asumió con celo el hecho de no rebelarse contra el gobierno de Ulises Ruiz, porque hay sectores en su agrupación que se manifiestan por continuar las manifestaciones callejeras. En opinión de Flavio Sosa, el principal dirigente del movimiento, no hay intención de confrontar al estado. “Vamos a actuar de forma responsable y guiaremos los pasos para festejar la Guelaguetza del auténtico pueblo de Oaxaca” —la que organizará el magisterio en los campos deportivos del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO). Sosa admite que en Oaxaca hay un poder dual, uno expresado por la inconformidad de un pueblo hacia un gobierno decadente, y un poder que se impone por fuerza y se sostiene con un ejército de ocupación, con un terrorismo de Estado, que reprime y criminaliza la protesta pública.
Una centena de transportistas del servicio público federal bloquearon con tráilers y camiones la carretera federal y la autopista a Oaxaca a la altura del pueblo de San Lorenzo Teotipilco, junta auxiliar del municipio de Tehuacán, la segunda ciudad más importante de la ciudad, cuyo acceso principal también fue cerrado a la circulación vehicular.
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