La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca convocó a familiares de 14 seguidores de la APPO asesinados hace dos años para que presenten la documentación requerida para que les entreguen la indemnización de un fideicomiso. Entre los fallecidos considerados para que se pague el resarcimiento, también se encuentra el camarógrafo estadunidense de Indy Media Brad Will. El secretario de organización de la sección 22 dijo que la esposa o concubina, hijos o hijas quienes acrediten estar estudiando, así como padres o madres, hermanos o hermanas que demuestren que dependían económicamente de la víctima, podrán solicitar la compensación. Todos los casos serán evaluados y resueltos por el comité técnico del fideicomiso, integrado por funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y miembros de la sección 22 del SNTE.
El gobierno de Ulises Ruiz gastará al menos 7 millones de pesos para limpiar las pintas que realizaron integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de la sección 22 del SNTE en la zona del Zócalo y centro histórico de la capital oaxaqueña. Tan sólo para retirar los graffiti de la vieja sede del palacio de gobierno se erogarán por lo menos 800 mil pesos, como consecuencia de las protestas gremiales, reconoció el secretario de Obras Públicas del gobierno de Oaxaca.
Empresarios de Oaxaca enviaron una carta al poder ejecutivo federal para que declare zona de desastre económico a la capital del estado, luego de las pérdidas millonarias que dejaron como saldo las movilizaciones de maestros en las últimas semanas. La IP advirtió que podría recurrir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para denunciar a la autoridad federal por daño patrimonial y moral. Según la dirigente de la Nueva Organización de Empresarios y Comerciantes (NACE), Gisela Vivanco, hubo negligencia de la Federación, pues se abandonó a los empresarios mientras los maestros y los simpatizantes de la APPO bloquearon sus comercios. Los empresarios de la ciudad presentaron cada quien su queja, pues admiten que faltó voluntad del gobierno para atender a tiempo la inconformidad de las organizaciones sociales y gremiales. Por tanto, urgieron el pago de unos 200 millones de pesos como indemnización, ya que sus empresas están en quiebra y en riesgo de ser embargadas.
Priístas armados de Santo Domingo Ixcatlán, distrito de Tlaxiaco,Oaxaca, que participaron en el asesinato de tres pobladores, expulsaron a siete elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de esa municipalidad, quienes estaban allí para proteger a 60 pobladores, algunos de ellos familiares de las víctimas y otros testigos de los hechos, en atención a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos.
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