Uno de los grandes problemas del sistema educativo mexicano es su tamaño y extensión, esta situación se complica por la carga burocrática y carácter centralista. Tanto los gobiernos federal y estatales como el SNTE siguen un patrón poco eficiente para realizar sus labores. Las tareas burocráticas de estas dos instituciones tienen consecuencias en la calidad educativa :
La Secretaría de Educación Pública en Hidalgo (SEPH) informó que hay 416 maestros “comisionados” en actividades de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero Mirna García López, secretaria general del gremio, sólo reconoció a 160 empleados en tareas de gestión sindical. “Habría que checar dónde se encuentran los otros 256”.
Jorge Romero Romero, titular de la SEPH, informó que de los 40 mil trabajadores de la educación en el estado, “tenemos 416 comisionados al SNTE”, quienes realizan labores de gestión en favor de sus compañeros. Consideró que esta cifra es mínima, pues “estaríamos hablando de un gestor por cada 100 profesores”. Este sistema, dijo, evita un mayor ausentismo laboral, pues sin él “cada maestro tendría que trasladarse a Pachuca para realizar un trámite”.
Pese a que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) afirma que es una práctica casi erradicada, la venta de plazas persiste en San Luis Potosí, informó Julio Rodríguez Torres, secretario particular de Crisógono Sánchez Lara, dirigente de la sección 26. Miles de profesores, dijo, han obtenido puestos de trabajo a cambio de sumas que van de 50 mil a 100 mil pesos.
La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) reportó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que sólo 88 profesores comisionados por labores sindicales están en su nómina, pero la cifra real podría ser del doble, según la lista de integrantes de comités ejecutivos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de otros gremios locales. En la revisión de la cuenta pública 2006 de la USET, que el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, presentó a la Cámara de Diputados federal, se menciona que una de las principales anomalías consiste en que 88 docentes de las secciones 31 y 55 del SNTE, así como de los sindicatos Justo Sierra y Mártires de 1910, cobran indebidamente salarios como si estuvieran frente a grupo.
Al menos 900 maestros están comisionados a los comités ejecutivos de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en Puebla, aunque los dirigentes de ambas organizaciones, Eric Lara Martínez y Cirilo Salas Hernández, respectivamente, se negaron a hablar del tema. Fuentes allegadas a la sección 23 comentaron que en su estructura hay 11 colegiados en los que trabajan 56 profesores y cada uno cuenta por lo menos con dos secretarios. Además hay 16 personas en las coordinaciones regionales, y cada uno también cuenta con dos “elementos de apoyo”. Esto significa que en esas coordinaciones del SNTE hay por lo menos 216 profesores realizando trabajo sindical.
La Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán tiene comisionados mil 185 trabajadores a los sindicatos magisteriales, pero lo más grave, informó la titular de esta dependencia es que hay al menos 7 mil 200 aviadores, lo que significa que por prácticas absorben 11 por ciento de la nómina, es decir, más de 880 millones de pesos anuales. Las cifras varían según la fuente consultada. Ni la dirigencia estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), llamada aquí “institucional”, ni la del Movimiento Democrático Magisterial, a la que pertenecía Sagrero antes de ser nombrada secretaria de Educación por el gobernador Leonel Godoy Rangel, quieren hablar del tema, aunque admiten que unos 350 de cada fracción forman parte de los comisionados. Michoacán fue uno de los 14 estados que no entregaron la lista de los trabajadores de la educación comisionados a los sindicatos, solicitada por el Senado de la República a finales de enero. El titular de la SEE en ese entonces, Manuel Anguiano Cabrera, admitió que no hubo disposición de los grupos sindicales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) comprobó que en 2006, año electoral y último de Francisco Ramírez Acuña, el gobierno del panista entregó a la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 81 millones 57 mil pesos y 416 comisionados sindicales. Esta situación convirtió a Jalisco en la entidad que más recursos canalizó ilegalmente a ese gremio –sin considerar a la sección 47, con sede también en Jalisco, lo que sumaría otros tantos fondos desviados– y acumula casi una tercera parte de las observaciones hechas por ese órgano de supervisión en el ámbito nacional y que están en trámite de resolución.
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