Un juez federal otorgó un amparo a una estudiante menor de edad víctima de bullying. La protección de la justicia federal es contra las omisiones de las autoridades federales educativas que toleraron el acoso escolar a una niña de primaria. El fallo destacó que los hechos denunciados "son violatorios de los derechos fundamentales protegidos por el artículo 8º Constitucional, así como por los preceptos referentes al interés superior del niño previstos en los tratados internacionales". El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal determinó amparar a la menor porque las autoridades educativas a nivel federal "no adoptaron las medidas necesarias para proteger la integridad personal de la menor respecto a posibles riesgos de abusos a sus derechos humanos", dentro de la escuela pública donde estudia. Y se ordena a la SEP que se asigne a una mujer de la escuela primaria para que proteja a la menor, lo cual debe hacer "de manera discreta" y sirva para vigilar los espacios de convivencia con el resto de sus compañeros. Es decir, durante las entradas, cambios de clase, recreos y almuerzos, a fin de evitar el acoso escolar", informó el Consejo de la Judicatura Federal. También se deberá escuchar a la menor, con el propósito de que se exprese sobre las medidas que se han tomado, y si es su deseo cambiar de grupo o si han subsistido las agresiones a su persona. La niña podrá indicar qué otras medidas pueden aplicarse para sentirse protegida y en confianza durante su estancia en la escuela. En cuanto a las autoridades responsables, éstas quedan obligadas a informar mensualmente al representante especial de la menor de las medidas que se sigan adoptando para salvaguardar la integridad de la niña en el centro de estudios durante todo el año escolar. Se precisó que las autoridades responsables son la Directora Regional de Servicios Educativos Centro, de la Secretaría de Educación Pública, y el Supervisor de la Zona Escolar Siete. La menor protegida fue agredida de manera sistemática por uno de sus compañeros específicamente, quien se burlaba de ella por su aspecto físico y además le realizaba tocamientos indebidos en su cuerpo.
El caso de la niña que logró un amparo contra el acoso escolar que había sufrido de un compañero en una escuela primaria del Distrito Federal detonó la presentación de demandas de amparo en varios juzgados federales del país. En las dos semanas se han interpuesto entre 10 y 15 demandas contra circunstancias similares, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF). En ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad Victoria se tienen detectadas 12 demandas de amparo por omisión de autoridades de las secretarías de Educación Pública estatales y de la federal, las cuales no han atendido quejas por casos de bullying ocurridos en escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas. También se han presentado demandas de amparo en juzgados de distrito ubicados en los estados de Morelos, Michoacán y Sinaloa.
Y es que las escuelas mexicanas son un caldo de cultivo para el abuso y acoso escolar. El anticuado diseño autoritario de la escuela genera cansancio, aburrimiento y frustración a la mayoría de los estudiantes. Mientras los niños y niñas sufren, los docentes ignoran lo que pasa frente a sus ojos:
Un nuevo caso de bullying se reportó en una escuela primaria del municipio de Nava, enclavado en la Región Norte del estado de Coahuila, en esta ocasión el acoso escolar sobrepaso los límites, pues se trató de una violación por parte de varios menores. El menor de 9 años de edad fue atacado por tres compañeros quienes lo llevaron hasta el baño y le introdujeron un objeto. La madre del afectado levantó una queja ante la Secretaría de Educación Pública, ya que la víctima fue ignorado por una maestra a quien el menor trató de explicarle lo sucedido, pero ésta se encontraba hablando por teléfono. El hecho se registró hace un par de semanas, tiempo en que el afectado presentó severos cambios sicológicos debido a la violación que había sufrido. El menor estudia en la escuela primaria Venustiano Carranza, ubicada en el kilómetro diez del municipio de Nava.
Un grupo de alumnos de sexto grado de la escuela primaria “Alicia García Ramírez” de Irapuato, decidió revelar a sus padres los abusos sexuales que sufrieron por parte del director Alfonso Yáñez Serrano. Varios padres de familia y una docena de víctimas, acudió el pasado 5 de junio a interponer una denuncia ante el Ministerio Público en contra del profesor Alfonso Yáñez Serrano. La denuncia que se presentó contra el docente, es por ‘tocamientos en los genitales’ de los menores. Asimismo, las acusaciones surgen de los pequeños afectados desde hace tres años, aunque apenas presentaron la denuncia ante la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Las víctimas señalaron que cuando cursaban el tercer año de primaria el profesor Alfonso Yáñez los obligaba a tocarle los genitales y hacía lo propio con cada uno de ellos, además de obligarlos a practicarle sexo oral en los sanitarios. Todos los testimonios iniciaron con el de un alumno y su compañero, quienes contaron lo que padecían a la madre de uno de ellos, y ésta de inmediato se reunió con otros padres de familia. Por su parte, los padres se fueron enterando de otros casos y acudieron con una maestra, quien les dijo que si sus hijos ya estaban por terminar la primaria, mejor lo “dejaran así”. Ante la denuncia que fue presentada, el MP dictó una orden de protección para los alumnos y notificó el caso a la Secretaría de Educación (SEG).
En el caso del niño que murió por abuso escolar en Tamaulipas genera el despido de una maestra:
La Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que dio de baja a Denise Soiré Serna Muñoz, maestra de español que estaba al frente de un grupo de la escuela secundaria general 7, de Ciudad Victoria, el día que cuatro alumnos estrellaron contra una pared a su compañero Héctor Alejandro Méndez Ramírez, lo que le causó la muerte. Diódoro Guerra Rodríguez, titular de la dependencia, explicó que a la profesora no se le renovó el contrato de interinato. Agregó que los cuatro alumnos relacionados con el homicidio no están expulsados, sino suspendidos, y recibirán atención sicológica hasta que las autoridades judiciales determinen si serán sancionados. Rafael Méndez Salas, dirigente de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que otros cuatro trabajadores docentes y administrativos implicados en el homicidio tienen suspendido el salario. Dijo que solicitó a las autoridades que definan su situación jurídica para que el gremio abogue por sus derechos laborales y administrativos. La delegación sindical de la secundaria declaró que trabaja bajo protesta y descartó parar labores.
Aumentan diariamente los reportes sobre el acoso y abuso en las escuelas, sin embargo, el diseño del sistema escolar no parece cambiar. Solo con una cultura de la denuncia y que el sistema de justicia efectivamente se preocupe por el bienestar de los estudiantes mexicanos se logrará que las autoridades educativas dejen de practicar la política del avestruz.
